LUCHANDO POR MIS DERECHOS

2007-09-11T09:40:00.000-07:00

Mensaje a los Ex-prisioneros de guerra de Valparaíso, extensivo a las personas Calificadas en la Lista Nacional de la Comisión Valech.

Ref: Fallo de Corte Suprema Chilena ratifica el ENCUBRIMIENTO del Estado de Chile a las infracciones graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra cometidas por la Dictadura de Pinochet.

Queridos compañeros:

Después de haber escrito el primer mensaje he recibido numerosos mails, tanto del interior de Chile como de países extranjeros, en los cuales se me ha solicitado que explique con más detalle la razón por la cual me dirijo a los compañeros de Valparaíso calificándolos como Ex-prisioneros de guerra. He decidido contestar ahora todos estos requerimientos y también proceder a explicar algunas situaciones personales que derivan de LOS HECHOS SOCIO-POLÍTICOS OCURRIDOS ANTES DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973.

Hubiese querido mantener esta explicación dentro de los estrictos márgenes del análisis jurídico, pero me he dado cuenta precisamente por los mails recibidos, que es necesario hacer una introducción de carácter político-ideológico para aclarar el contexto global de la situación.

Lo primero es reconocerles a todos ustedes que nunca he sido marxista ni he militado en partidos políticos de esa ideología. Por el contrario, los compañeros de Valparaíso saben que mi pertenencia a la Unidad Popular se debía a la militancia en el Partido Izquierda Cristiana, grupo político escindido del Partido Demócrata Cristiano en el mes de octubre de 1971.

Debo aclarar también la RAZÓN por la cual nos separamos del PDC: “fue porque los Dirigentes Nacionales del Partido se habían alineado con las fuerzas políticas de derecha que propiciaban terminar con el Gobierno del Presidente Allende por vías ajenas al Ordenamiento Constitucional del país”. Esta situación entraba en CONFLICTO con lo obrado por la DC en la elección presidencial de 1970, en la cual nuestro candidato don RADOMIRO TOMIC ROMERO, que obtuvo un tercer lugar que lo eliminó de la posibilidad de una segunda vuelta, reconoció hidalgamente el triunfo electoral del candidato Dr. Salvador Allende. Este Compromiso de Honor lo habían asumido los tres candidatos a la presidencia antes de la votación del 4 de septiembre de 1970: “iban a respetar el resultado electoral aunque NO hubiera mayoría absoluta y aunque la diferencia fuera sólo de un voto entre las dos primeras mayorías”.

Recuerden ustedes que por mandato de la Ley se elegía Presidente de la República, en primera vuelta, al candidato que hubiera obtenido MAYORÍA ABSOLUTA (mitad más uno de los sufragios válidamente emitidos). El 4 de septiembre de 1970 ninguno de los tres candidatos obtuvo esa Mayoría Absoluta. Por lo tanto, sólo las dos primeras Mayorías Relativas, la primera mayoría del Dr. Salvador Allende y la segunda mayoría de don Jorge Alesandri, calificaron para la segunda vuelta electoral.

En esa ocasión, de acuerdo a la ley electoral vigente, la segunda vuelta NO era una nueva votación universal en la que participaran todos los ciudadanos que habían votado en la primera vuelta como es hoy día en Chile, sino que la ELECCIÓN DEFINITIVA DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LA REALIZABA EL CONGRESO PLENO. Es decir, “todos los senadores y diputados en ejercicio de sus cargos votarían para decidir entre los candidatos que habían obtenido las dos primeras mayorías relativas”.

Así se hizo y resultó elegido Presidente de la República el Dr. Salvador Allende Gossens, quien recibió el respaldo de los votos demócratas cristianos a cambio de un PACTO POLÏTICO que incluyó la aprobación del ESTATUTO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES para proteger el Ordenamiento Constitucional y Democrático Chileno. Este Estatuto limitaba enormemente la AUTORIDAD PRESIDENCIAL respecto a las Fuerzas Armadas y dejaba al Presidente Allende en LA TOTAL INDEFENSIÓN CONTRA UN ALZAMIENTO DE ESAS FUERZAS ARMADAS SI NO CONTABA CON EL APOYO TOTAL DE LAS FUERZAS POLÍTICAS QUE LO HABÍAN ELEGIDO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, INCLUYENDO A LA DEMOCRACIA CRISTIANA.

Por lo tanto, cuando las Autoridades Nacionales del PDC cambiaron de bando pasándose a la OPOSICIÓN ACTIVA CONTRA EL PRESIDENTE ALLENDE, en alianza con el entonces Partido Nacional, la SITUACIÓN INTERNA DEL PDC se vio tensada nuevamente. Muchos de nosotros, dirigentes demócratas cristianos que sosteníamos la Tesis del Camino Propio, llegamos a la CONCLUSIÓN de que se estaba haciendo el juego a los intereses del gobierno de Richard Nixon en USA, que estaría propiciando secretamente un Golpe de Estado en Chile para instalar una JUNTA MILITAR DE GOBIERNO en la cual habría un sólo integrante civil, el señor ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN.

La tensión interna en la DC provocó una segunda división, recordando que la primera había dado origen al Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU) el año 1968, y la formación del Partido Izquierda Cristiana que convocó a los nuevos disidentes del PDC junto a militantes cristianos del MAPU, quienes estaban renunciando a su colectividad debido a diferencias ideológicas con los sectores que se definían como marxistas dentro del mismo Partido MAPU.

El Partido Izquierda Cristiana se incorporó a la Unidad Popular y participó en el APOYO ACTIVO AL GOBIERNO DEL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE. Lo hicimos tanto por respeto a nuestra decisión de proteger el Ordenamiento Constitucional y Democrático Chileno, como por un Acto de Lealtad a las obligaciones contraídas en el PACTO POLÍTICO que se había logrado para la APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

Esta larga introducción es para dejar muy en claro mi posición política e ideológica: jamás he pertenecido a un partido político que sustente la IDEOLOGIA MARXISTA. Por lo tanto, jamás podría haber participado en el intenso y muchas veces violento debate ideológico entre MARXISTAS-LENINISTAS Y MARXISTAS REVOLUCIONARIOS DE LA LINEA CUBANA. Ese debate NO era de mi incumbencia y siempre me pareció que NO guardaba correspondencia con la REALIDAD SOCIO-POLÍTICA CHILENA.

Mi decisión de comprometerme en la defensa del Gobierno del Presidente Allende, AUNQUE INCLUYERA UNA DEFENSA ARMADA, fue un acto de lealtad a las obligaciones del Pacto Político entre la DC y el Presidente Allende para proteger EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO CHILENO y debido a mi convicción personal de que un Golpe de Estado nos conduciría a la destrucción de esa INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA.

Como Dirigente Provincial del Comité de la Unidad Popular de Valparaíso, en representación del Partido IC, participé en decisiones que llamaron a DEFENDER AL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ALLENDE preparándose para enfrentar una OFENSIVA ARMADA DE PARTE DE LOS SECTORES GOLPISTAS. Estas decisiones de la Dirigencia Provincial se tomaron después del 29 de junio de 1973, fecha del abortado intento de Golpe denominado EL TANQUETAZO, e incluyeron tanto el llamado a las bases de la UP para “defender al Gobierno Popular” como la formación de una COORDINADORA DE LOS APARATOS ARMADOS DE TODOS LOS PARTIDOS DE LA UNIDAD POPULAR EN LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO.

Los compañeros representantes de los distintos Partidos Políticos al COMITÉ PROVINCIAL DE LA UNIDAD POPULAR en Valparaíso, me designaron en el cargo de COORDINADOR entre el Comité Provincial de la UP y la Estructura Coordinadora de los Aparatos Armados. Esta es la VERDAD que muchos Renovados se niegan hoy día a RECONOCER.

Desde el momento mismo de mi detención reconocí estar armado PARA DEFENDER AL GOBIERNO LEGALMENTE CONSTITUIDO EN CHILE y reconocí también NO haber presentado resistencia armada a los Golpistas que se habían rebelado contra el Gobierno, debido a una Orden Superior del Generalísimo de las Fuerzas de Aire, Mar y Tierra, tanto en Tiempo de Paz como en Tiempo de Guerra que, de acuerdo a la Constitución de 1925 vigente al 11 de septiembre de 1973, era el Presidente de la República de Chile Dr. Salvador Allende, quien en su último Mensaje al país llamó a “NO sacar al pueblo a las calles”.

A ese Gobierno yo debía lealtad y obediencia, tanto por ser un funcionario público en ejercicio de un Cargo de Confianza del Presidente de la República como por ser Dirigente Provincial de la Unidad Popular de Valparaíso. Era mi deber defenderlo con las armas si era necesario y yo estaba dispuesto a hacerlo. Es algo de lo cual me siento ORGULLOSO y no estoy dispuesto a mentir sobre este punto, aunque se ofendan los Renovados que sustentan la Tesis de las Blancas Palomas. La orden no era entregarse a las nuevas autoridades de facto, ni asilarse, ni pasar a la clandestinidad. La orden del Presidente fue clara: “que NO debíamos sacar al pueblo a las calles para resistir a las Fuerzas Armadas Rebeldes”.

Respeto la memoria del Presidente Allende y admiro su resistencia armada desde el Palacio de la Moneda. Pero, lo que más respeto y admiro en él fue esa grandeza de espíritu que lo llevó a “proteger la vida de los trabajadores y del pueblo de Chile” pese a estar consciente de la necesidad de su propio sacrificio. En la Historia de la Humanidad han sido muy pocos los grandes Estadistas que aceptan sacrificar sus propias vidas para salvar la de los demás. La Tendencia ha sido siempre que los demás se sacrifiquen para proteger a los Líderes, muchos de los cuales parecen pensar que “General que arranca sirve para dirigir otras guerras o para firmar la Paz aceptando la Rendición Incondicional”.

Lealmente obedecí la Orden Superior del Presidente Allende y estoy totalmente seguro de que también habría obedecido esa Orden Superior si nos hubiera llamaba al combate, con la misma disciplina y entereza con que enfrenté los altos costos de nuestra gran lucha en los Campos de Concentración y en las Prisiones para que se reconocieran nuestros derechos como Prisioneros de Guerra. En esta confrontación con las Autoridades Militares de Facto hubo un grupo de compañeros que también se la jugaron, con la misma determinación con que se la habían jugado el 11 de septiembre de 1973 en cumplimiento de las órdenes de los Dirigentes Provinciales de la Unidad Popular de Valparaíso.

La Orden para ese día 11 de septiembre era estar preparados y dispuestos: “Todos a sus puestos de combate para defender al Presidente Allende”. Pero, fue el propio Presidente el que tomó la gran decisión final, seguramente conociendo ya la enormidad de la Traición de los que le habían jurado lealtad sólo unos días atrás, y la Ultima Orden a todos quienes estábamos dispuestos a defender su Gobierno nos llamó a NO presentar resistencia armada.

Sé que muchos obedecimos con gran tristeza y fuimos testigos impotentes de su heroico sacrificio. Pero, después fuimos capaces de recuperar la DIGNIDAD y de dar la LUCHA para ser Reconocidos como Prisioneros de Guerra; para que se respetaran las normas legales del Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra; para denunciar a los Torturadores y Asesinos como Criminales de Guerra ante el Comité Internacional de la Cruz Roja; y, para comprometernos como Ex-prisioneros de guerra a que la Verdad y la Justicia triunfarían por encima de la cobardía, del oportunismo y de la mentira.

Hoy día estamos AUN dando Testimonio y no hemos claudicado en las componendas ni en los pitutos, pese a los años y a las enfermedades. Lo que estoy haciendo NO es, como parecen pensar algunos, ponerme a dar órdenes respecto a cómo debe proceder cada compañero en las actuales circunstancias. Simplemente estoy recopilando y publicando los HECHOS y ANALIZÁNDOLOS con la tranquilidad de conciencia que da tanto el DEBER CUMPLIDO como el CONOCER EL DERECHO INTERNACIONAL.

La decisión de ACTUAR AL RESPECTO corresponde a cada persona y nadie puede arrogarse la atribución de obligar a los compañeros para que actúen en determinada forma. Si hago un respetuoso llamado a la ACCIÓN es porque YO MISMO ESTOY ACTUANDO... No soy un soldado que arranca...lo probé el mismo 11 de septiembre de 1973... Lo último que quiero decirles compañeros, en esta introducción politico-ideológica, es que ha sido un HONOR para mí el haber compartido con todos ustedes el rigor del TIEMPO DE LUCHA en las prisiones, el compañerismo y la solidaridad entre los torturados, el recuerdo fiel de los caídos que ya no están con nosotros y, por sobre todo, la fidelidad a la Memoria Histórica y al Sacrificio Heroico del Presidente Allende.
El Análisis Jurídico.-

El Derecho Internacional Privado reconoce un Principio General que es el fundamento de todas las normas legales vigentes: “Una persona natural puede hacer todo aquello que la ley NO LE PROHIBE EXPRESAMENTE HACER”. De esta forma, las normas legales del Derecho Internacional reconocen EL PRINCIPIO DE LA LIBRE VOLUNTAD DE LAS PERSONAS, CON LAS MENORES RESTRICCIONES POSIBLES, EN SU ACCIONAR PRIVADO.

En cambio, en el Derecho Internacional Público el Principio General que lo rige es que “las AUTORIDADES sólo pueden hacer lo que LA LEY LOS FACULTA EXPRESAMENTE HACER”. Así, enunciado RESTRICTIVAMENTE, “ninguna persona que actúe ejerciendo un cargo público que implique TENER AUTORIDAD, debería HACER lo que NO está debidamente autorizado en las leyes y reglamentos”. LO CONTRARIO ES “ABUSO DE PODER”.

El Estado de Chile mantiene una Herencia de Contradicciones en su propia historia respecto al Derecho Internacional Público. Recordemos que en la COLONIA, período histórico en que dependíamos de la LEGISLACIÓN ESPAÑOLA específicamente de las LEYES DE INDIAS dictadas por el Rey de España asesorado por su Consejo de Indias, los Gobernadores recibían desde la Madre Patria esas NORMAS LEGALES, se las colocaban sobre la cabeza y recitaban un ritual: “SE OBEDECEN, PERO NO SE CUMPLEN”. La Contradicción era entre Teoría y Práctica, ya que DEBÍAN OBEDECER LA AUTORIDAD DEL REY, teóricamente. PERO NO PODÍAN CUMPLIR PORQUE LAS LEYES DE INDIAS VULNERABAN LOS INTERESES ECONÓMICOS DE LOS COLONIZADORES, en la práctica.

Hemos heredado esta Contradicción y en la actualidad la encontramos en el CUMPLIMIENTO de las LEYES INTERNACIONALES, haciendo una diferencia entre la VIGENCIA y la APLICACIÓN que internamente hace de ellas el Ordenamiento Jurídico Chileno. Como ejemplo está el reciente fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, MÁXIMO TRIBUNAL DEL PAÍS, del 5 de agosto de 2005, que ha rechazado APLICAR el Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra al período de tiempo declarado como Estado de Guerra Interna en Chile por el Decreto Ley Nº 5, dictado por la Junta Militar el 12 de septiembre de 1973. Este período se extendió desde el mismo 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1978. Se argumenta en ese fallo que: "tampoco se ha acreditado en autos que existía en Chile la rebelión militarizada capaz de provocar el estado de Guerra interno".

Al respecto, debemos señalar con total y absoluta claridad que “la rebelión militarizada capaz de provocar el estado de Guerra interno” fue causada por los Mandos Institucionales que se alzaron a mano armada contra el Gobierno Legalmente Constituido del Presidente Salvador Allende y que, además, declararon jurídicamente ese Estado o Tiempo de Guerra en Chile por medio del Decreto Ley Nº 5, norma legal que los “FACULTÓ”, como AUTORIDAD DE FACTO, a dictar Bandos Militares, a imponer el TOQUE DE QUEDA, a ordenar detenciones y allanamientos masivos, a realizar Operaciones Ofensivas de Tiempo de Guerra, a aplicar las normas disciplinarias del Tiempo de Guerra a todo el PERSONAL MILITAR y finalmente, a realizar los CONSEJOS DE GUERRA contra los PRISIONEROS DE GUERRA acusados de cometer CRÍMENES DE GUERRA durante el ESTADO DE GUERRA en Chile.

Fue el Decreto Ley Nº 5, LA NORMA LEGAL QUE FACULTÓ A LA AUTORIDAD MILITAR DE FACTO para ejercer ATRIBUCIONES DE TIEMPO DE GUERRA y cumplir con el Principio Legal de que “LA AUTORIDAD SÓLO PUEDE HACER LO QUE LA LEY LE FACULTA EXPRESAMENTE HACER”. Sólo que en el caso Chileno la Autoridad Militar de Facto se excedió gravemente y NO DIO CUMPLIMIENTO CABAL A LAS NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL, cometiendo Infracciones Graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra. Estas infracciones graves han sido declaradas inamnistiables e imprescriptibles por esta misma Ley Internacional VIGENTE en Chile desde el año 1951.

Entonces, ¿qué significa el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema? Significa que los ministros de esa Sala Penal que NO APLICARON LA LEY INTERNACIONAL VIGENTE EN CHILE y aprobaron el fallo, porque hubo un voto de minoría de dos ministros que lo rechazaron, se han convertido en ENCUBRIDORES DE LOS CRÍMENES DE GUERRA DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS POR LA AUTORIDAD MILITAR DE FACTO durante el Estado de Guerra declarado en Chile por el Decreto Ley Nº 5, que fuera dictado por la propia Junta Militar de Gobierno el día 12 de septiembre de 1973.

Además nos ha facultado a todos nosotros, Ex-prisioneros de guerra torturados y contra quienes se cometieron otras Infracciones Graves según el Convenio de Ginebra, a recurrir a los Tribunales de Justicia de los respectivos países que nos acogieron como Refugiados Políticos y que SON ALTAS PARTES CONTRATANTES del Convenio de Ginebra, para que sean esos Tribunales los que conozcan de nuestras denuncias y APLIQUEN la Ley Internacional.

Lo anterior se aplica dado que “LAS AUTORIDADES CHILENAS CONTINÚAN REALIZANDO ACTOS CONTRARIOS AL CONVENIO DE GINEBRA”:
- EN EL PODER JUDICIAL, según el fallo que estamos comentando,
- EN EL PODER EJECUTIVO, al declarar secretos los antecedentes recolectados por la Comisión Valech por al menos 50 años, y
- EN EL PODER LEGISLATIVO, porque NO ha tomado todas las oportunas medidas legislativas para sancionar a quienes han cometido Infracciones Graves al Convenio de Ginebra de acuerdo a lo ordenado en los artículos 129, 130, 131 y 132 de ese mismo Convenio, violando expresamente el inciso 3º del artículo 129, que ordena: “Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio”.

Pero, regresemos al día 11 de septiembre de 1973 y tomémoslo como punto de partida de nuestro análisis jurídico. Ese día se produce el “alzamiento a mano armada contra el Gobierno Legalmente Constituido” de los Mandos Institucionales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, un DELITO tipificado en el Código Penal Chileno. Las PRUEBAS DEL DELITO son los testimonios gráficos de la Ofensiva Militar contra el Palacio de La Moneda, sede del Gobierno Constitucional de Chile. Recordemos, para la memoria de los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, que no sólo se disparó con armas de guerra de diversos calibres, cañones de tanques y otras armas terrestres, sino que también se procedió a BOMBARDEAR ese Palacio de La Moneda CON AVIONES DE COMBATE DE LA FUERZA AÉREA.

Además, se declaró el Estado de Sitio en todo el país y se dictó el Decreto Ley Nº 4, que en su artículo 1º nombra a los Jefes Militares de las respectivas Zonas de Emergencia y en su artículo 2º señala textualmente: “Todas las fuerzas de Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros de Chile e Investigaciones que se encuentren o lleguen al territorio jurisdiccional de estas Zonas de Emergencia, se pondrán bajo la autoridad del Jefe respectivo”. Así se encontraba el país al 11 de septiembre de 1973, bajo Estado de Sitio y con Jefes Militares en cada Zona de Emergencia declarada por la Junta Militar de Gobierno. Es decir, todo el territorio nacional ocupado por Fuerzas Militares y todas ellas AUTORIDADES DE FACTO.

Sin embargo faltaba la Guinda de la Torta, el Decreto Ley Nº 5, que en su artículo 1º establece: “Declárase, interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar, que el estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias que vive el país, debe entenderse “estado o tiempo de guerra” para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo que establece el Código de Justicia Militar y demás leyes penales y, en general, para todos los demás efectos de dicha legislación.” Esta es exáctamente la norma legal VIGENTE que DEBÍA HABER APLICADO la Sala Penal de la Corte Suprema en su fallo del 5 de agosto de 2005.

Pero, ¿cuáles fueron los Considerandos que tuvo en cuenta la AUTORIDAD DE FACTO para arrogarse las ATRIBUCIONES DE TIEMPO DE GUERRA? Están señaladas de la siguiente forma en la “RECOPILACIÓN DE DECRETOS LEYES dictados por la Junta de Gobierno constituida el 11 de septiembre de 1973, que asumió el Mando Supremo de la Nación”, que publicó la Contraloría General de la República:
DECRETO LEY Nº 5, DE 1973.
(Publicado en el “Diario Oficial” Nº 28.657, de 22 de septiembre de 1973)
NUM. 5.- Santiago, 12 de septiembre de 1973.- Vistos: lo dispuesto en los decretos leyes 1 y 3, de 11 de septiembre de 1973, y

CONSIDERANDO:
a) La situación de conmoción interna en que se encuentra el país;
b) La necesidad de reprimir en la forma más drástica posible las acciones que se están cometiendo contra la integridad física del personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la población en general:
c) La conveniencia de dotar en las actuales circunstancias de mayor arbitrio a los Tribunales Militares en la represión de algunos de los delitos de la ley 17.798 sobre Control de Armas, por la gravedad que invisten y la frecuencia de su comisión;
d) La necesidad de prevenir y sancionar rigurosamente y con la mayor celeridad los delitos que atentan contra la seguridad interior, el orden público y la normalidad de las actividades nacionales.
La Junta de Gobierno ha acordado y dicta el siguiente DECRETO LEY:
Ya hemos visto el artículo 1º del Decreto Ley Nº 5, que declara que el Estado de Sitio decretado el 11 de septiembre de 1973 debe entenderse “estado o tiempo de guerra”, pero el artículo 2º de este mismo decreto sostiene: Agrégase al artículo 281º del Código de Justicia Militar el siguiente inciso: “Cuando la seguridad de los atacados lo exigiere, podrán ser muertos en el acto el o los hechores”. Sólo el Decreto Ley Nº 105, vino a derogar este artículo que violaba gravemente todas las normas vigentes del Derecho Internacional sobre LA GUERRA. Y suma y sigue, el artículo 3º del Decreto Ley Nº 5 está dedicado íntegramente a modificar la Ley 17.798 sobre Control de Armas, convirtiéndola de Ley de Tiempo de Paz a Ley de Tiempo de Guerra. Recordemos que muchos de nosotros fuimos procesados y condenados en CONSEJOS DE GUERRA QUE FUNDAMENTARON SU AUTORIDAD PARA ACTUAR PENALMENTE EN ESTE ARTÍCULO 3º DEL DECRETO LEY Nº 5.

Además, en el artículo 4º de este mismo Decreto Ley Nº 5, se introducen varias modificaciones al texto de la Ley 12.927 sobre “Seguridad Interior del Estado” incrementando todas sus penas si el respectivo delito se cometiera en TIEMPO DE GUERRA. Y termina agregando un inciso final al artículo 26º, que ordena: “En tiempo de guerra, en todo caso, serán de la competencia de los Tribunales Militares de ese tiempo los delitos previstos en los artículos 4º, 5º bis, 6º, 11º y 12º de esta ley”. Así se expande arbitrariamente la AUTORIDAD DE LOS TRIBUNALES MILITARES DE TIEMPO DE GUERRA AMPLIANDO SU JURISDICCIÓN A LOS DELITOS TIPIFICADOS EN ESOS ARTÍCULOS.

Al respecto me permito citar las CONCLUSIONES DEL INFORME VALECH:
Sobre el “Tiempo de Guerra”, la Comisión Valech establece en la página 163 de su Informe Final, Capítulo III, Contexto, Declaración de Estado de Guerra, lo siguiente: “…la Junta suspendió las garantías individuales desde el mismo 11 de septiembre de 1973. Para fundamentar esa medida, alegó la existencia de un cuadro de conmoción interna atribuido a la existencia de fuerzas rebeldes o sediciosas, se decretó el estado de sitio en todo el territorio nacional y el estado de emergencia en determinadas provincias y departamentos. Como señaló el Decreto Ley Nº 5, publicado en el Diario Oficial del 22 de septiembre de 1973, el ‘estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias que vive el país’, debía considerarse como un ‘estado o tiempo de guerra’ sometido al régimen jurídico que el Código de Justicia Militar y otras leyes penales contemplan para tales situaciones críticas. Esta preceptiva no hacía otra cosa que retirar de manos de la justicia ordinaria en beneficio de la justicia militar de tiempo de guerra el ‘conocimiento y la decisión de las causas por infracción a las normas sobre estado de sitio’”.
En ese mismo Capítulo III, Contexto, Consejos de Guerra, se sostiene:
“De modo que la declaración jurídica de guerra actuó como ficción legal y justificación política para acciones represivas sin correspondencia con el contexto de referencia, empleándose así los tribunales militares en tiempo de guerra.
“¿Cómo actuaron los consejos en discusión? En la práctica, contraviniendo su propia normativa, sólo se aplicaron sus procedimientos coercitivos, ignorando los demás efectos jurídicos de la guerra, pues no se reconoció el uso legítimo de la fuerza por parte de sus oponentes, tampoco se respetó el carácter y los derechos de los prisioneros, ni se consideró ninguno de los preceptos establecidos en las convenciones internacionales sobre la guerra. Téngase presente que en el derecho internacional, como testimonio del rechazo unánime y sin reservas a la tortura, ésta se encuentra proscrita de las leyes, incluso de las leyes de la guerra, en cuyo caso es lícito matar en el curso de acciones bélicas, pero nunca torturar. Es más, los fiscales, a quienes en materia penal competía instruir y sustanciar todos los procesos, recogiendo y consignando las pruebas pertinentes, deteniendo a los inculpados y produciendo los elementos de convicción que fueran del caso, representaron un eslabón más en la cadena de los agentes represores. En efecto, se limitaron a recibir y a consignar antecedentes contrarios a los inculpados, omitiendo toda actuación o diligencia que pudiera beneficiarlos y exculparlos, siendo que a ellos tocaba investigar la verdad de los hechos y reunir los antecedentes que sirvieran para comprobarlos. No obstante, las declaraciones de los inculpados nunca fueron investigadas, optándose por rechazarlas en beneficio de las pruebas oficiales. O bien, en vez de interrogar personalmente a los implicados, a menudo los fiscales se conformaron con interrogatorios realizados por funcionarios desvinculados de los tribunales militares, en recintos ajenos a los mismos y mediante apremios que extraían confesiones ajustadas a los requerimientos de los torturadores. El análisis de los procesos revela que, actuando con sistemático descuido de la imparcialidad del debido proceso, los fiscales permitieron y aun propiciaron la tortura como método válido de interrogatorio.
“Tampoco se reconoció el derecho a la legítima defensa. En todo procedimiento penal los imputados gozan de diversos derechos y garantías. Por ejemplo, que se les informe de manera específica y clara de los hechos que se les imputan; ser asistidos por un abogado desde los actos iniciales de la investigación; solicitar que se active la misma y conocer su contenido; solicitar el sobreseimiento de la causa; guardar silencio o declarar sin juramento; y no ser sometidos a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. No obstante, los imputados por los tribunales militares en tiempo de guerra a contar de 1973 casi nunca gozaron de los derechos antes señalados. En tales tribunales militares la norma fue la violación de esos derechos y garantías”. (Páginas 166 y 167 del Informe Valech)

Sólo me referiré a una norma legal más en este análisis jurídico sobre la forma en que LA AUTORIDAD MILITAR DE FACTO se arrogó “mayor capacidad de acción represiva”. Es el Decreto Ley Nº 6, Publicado en el Diario Oficial Nº 28.654, de 19 de septiembre de 1973, que se lee:
NUM. 6.- Santiago, 12 de septiembre de 1973.- Visto: el decreto Ley 1, de 11 de septiembre de 1973, la Junta de Gobierno de la República de Chile ha acordado dictar el siguiente Decreto Ley:
ARTICULO 1º.- Declárase que a contar de esta fecha quedan en calidad de interinos los personales de los Servicios, Reparticiones, Organismos, Empresas y demás instituciones de la Administración del Estado, tanto central como descentralizada. Solamente quedan excluidos de la disposición anterior los personales del Poder Judicial y de la Contraloría General de la República.

Para terminar, es en virtud de este Decreto Ley Nº 6 que la AUTORIDAD MILITAR DE FACTO AUMENTA SU PODER REPRESIVO para EXONERAR del Servicio Público a todas aquellas personas identificadas como “el enemigo interno” por los Servicios de Inteligencia de la Junta Militar de Gobierno.

Todos nosotros sabemos CÓMO SE APLICÓ LA NORMATIVA LEGAL REPRESIVA DE PARTE DE LA AUTORIDAD MILITAR DE FACTO CONSTITUIDA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973, tanto quienes fuimos exonerados de nuestros cargos públicos de Gobierno como los que fuimos detenidos y procesados en calidad de PRISIONEROS DE GUERRA ACUSADOS DE COMETER CRÍMENES DE GUERRA Y CONDENADOS EN LOS CONSEJOS DE GUERRA, tal como lo describe el Informe Valech.

Así lo reconoce el voto de minoría que se declara en desacuerdo con el fallo de mayoría de la Sala Penal de la Corte Suprema, al sostener: "no es admisible que los mismos que se asilaron en las ventajas que les concedía la referida declaración de estado de guerra (...) pretendan ahora desconocer su valor para ignorar las sanciones al quebrantamiento de las leyes de tal
estado y las limitaciones que a la autoexoneración respecto de ellas imponen los Convenios Internacionales”.

En definitiva SÍ hubo jurídicamente un Estado de Guerra en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973, tanto porque "existió la rebelión militarizada capaz de provocar el estado de Guerra interno" como porque la propia Junta Militar de Gobierno declaró legalmente ese Estado o Tiempo de Guerra por medio del Decreto Ley Nº 5. Así lo reconocen, en el fallo en comento, los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema Enrique Cury y Jaime Rodríguez Espoz, “quienes estimaron que el caso es imprescriptible porque el día en que ocurrieron los hechos el territorio nacional se encontraba jurídicamente en estado de guerra interna por el estado de sitio decretado por la autoridad”.

Lo que efectivamente NO hubo fue una “guerra interna” que implicara una resistencia armada masiva y a nivel nacional, que se opusiera en combate y otros actos de resistencia a las NUEVAS AUTORIDADES MILITARES DE FACTO. A excepción de la HEROICA RESISTENCIA EN LA MONEDA Y OTROS ACTOS AISLADOS Y ESPORÁDICOS. Es esta situación la que pretenden argumentar los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema
Nibaldo Segura y los abogados integrantes Luz María Jordán y José Fernández al desconocer la existencia de un estado de guerra en Chile que haría aplicable los Tratados internacionales, sosteniendo que "no se ha acreditado ni tenido por establecido en autos que en la fecha señalada (octubre de 1973) existía en Chile una oposición entre dos Fuerzas Armadas o bien entre las Fuerzas Armadas de Chile y uno o más grupos armados que no reconocían la autoridad de la primera y que estaban bajo el mando de una autoridad responsable, que ejercía dominio o control sobre una parte del territorio chileno, lo que le permitía realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, y aplicar las disposiciones del derecho humanitario".

Pero, como ya lo he explicado, esta falta de resistencia armada se debió a la Orden Superior que dio el Presidente Allende en su último Mensaje al país, en la cual mandó a quienes éramos Dirigentes de la Unidad Popular que “NO sacáramos al pueblo a las calles”. Esta Orden Superior sólo podía interpretarse de una manera: “EL COMPAÑERO PRESIDENTE SABÍA QUE TODO ESTABA PERDIDO Y QUISO EVITAR UN MAYOR COSTO A TODOS QUIENES ESTÁBAMOS DISPUESTOS A DEFENDER SU GOBIERNO HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS”. Ésto, más su Resistencia Heroica en La Moneda hasta entregar su propia vida, es lo que nos queda COMO LECCIÓN PARA NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA.

Muchos compañeros estarán en desacuerdo con este análisis de la situación y pensarán que al reconocer el HECHO de un “Estado de Guerra declarado jurídicamente” sólo estaremos LEGITIMANDO EL DELITO de “alzamiento a mano armada contra el Gobierno legalmente constituido” y reconoceremos a la AUTORIDAD MILITAR DE FACTO las atribuciones para actuar en Tiempo de Guerra. Yo sostengo que es todo lo contrario, que el reconocer la existencia jurídica del Estado de Guerra NO implica ACEPTAR O ESTAR DE ACUERDO con lo obrado por las Fuerzas Armadas Sediciosas.

Reconozco que EN CHILE HUBO UN GOLPE DE ESTADO y NO estoy de acuerdo para nada con que hubiera ocurrido. De hecho todo mi accionar como Dirigente de la UP estuvo orientado a EVITAR QUE EL GOLPE OCURRIERA. De la misma forma, reconozco que EN CHILE HUBO UNA DECLARACIÓN LEGAL DEL ESTADO DE GUERRA, sin que ello signifique que tenga que estar de acuerdo con el argumento de los MILITARISTAS de que hubo un real PELIGRO DE GUERRA CIVIL por el accionar de grupos de extrema izquierda.

NO, no lo hubo... porque el Presidente Allende iba a renunciar a su cargo ANTES DE QUE SE PRODUJERA CUALQUIER ACCIÓN AL RESPECTO. Sólo el engaño de que fue objeto, cuando se organizó un pretendido diálogo con Patricio Aylwin para buscar una Solución Política a la CRISIS INSTITUCIONAL, dilató los plazos para hacer efectiva su Renuncia. Por otra parte, como Aylwin era el Jefe de la Oposición al Gobierno de Allende lo único que hizo fue ganar tiempo para los Golpìstas y para ello utilizó la BUENA FE del Cardenal Raúl Silva Henríquez, Jefe de la Iglesia Católica en Chile.

Lo anterior está absolútamente claro, ya que Aylwin NO podía estar con Dios y con el Diablo al mismo tiempo. Es decir, o ENGAÑABA al Presidente Allende y de paso se aprovechaba de la Buena Fe del Cardenal, o estaba ENGAÑANDO a sus propios ALIADOS en la CODE, el Partido Nacional, que con Sergio Onofre Jarpa a la cabeza estaba totalmente comprometido con el GOLPE.

De cualquier forma, el 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas Rebeldes atacaron el Palacio de La Moneda y lograron el derrocamiento del Presidente de la República Dr. Salvador Allende. NO conformes con ese “triunfo” lanzaron una Ofensiva Militar contra el ENEMIGO INTERNO, es decir, contra todos los funcionarios de Gobierno del Presidente Allende y todos los militantes y dirigentes de la Unidad Popular en Chile. Para ello era necesario contar con una LEY DE TIEMPO DE GUERRA que ampliara el PODER Y LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD MILITAR DE FACTO.

Eso fue lo que quisieron lograr, ASEGURAR LAS HERRAMIENTAS LEGALES REPRESIVAS, y realmente LO LOGRARON. Ésto les permitió afirmar que eran un “Ejército Vencedor, jamás VENCIDO”. Hasta ahora, en que la Verdad y la Justicia han logrado de a poco y con gran esfuerzo, comprobar los Crímenes de Guerra de lesa Humanidad que las Fuerzas Armadas Golpistas cometieron. Crímenes de Guerra que han debido reconocer tanto en la Mesa de Diálogo como en los procesos criminales ante los Tribunales de la Justicia Ordinaria.

Cada persona detenida por las Fuerzas Armadas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, lo fue en Calidad de Prisionero de Guerra y de acuerdo a Operativos Militares Planificados en Tiempo de Guerra. Así fue porque las ATRIBUCIONES LEGALES CON QUE ACTUABA LA AUTORIDAD MILITAR DE FACTO, provenían del Decreto Ley Nº 5. Nosotros, los que fuimos procesados ante la Fiscalía Naval de Tiempo de Guerra acusados de cometer un CRIMEN DE GUERRA por violación de la ley 17.798 sobre Control de Armas y que enfrentamos Consejos de Guerra que violaron gravemente las normas de PROCEDIMIENTO PENAL establecidas en el Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, NO SÓLO FUIMOS PRISIONEROS DE GUERRA SINO TAMBIÉN CRIMINALES DE GUERRA, de acuerdo a las leyes que erróneamente aplicaron los Fiscales Navales.

Es más, incluso los procedimientos de allanamiento, masivos o individuales, y la retención transitoria de personas, se realizaban en virtud de las atribuciones que el Decreto Ley Nº 5 había ACTIVADO al declarar el Estado de Guerra en Chile. Lo que NUNCA esperaron los Criminales de Guerra es que sus ENEMIGOS o sus VÍCTIMAS, según se vea cada uno, mantuvieran VIVA LA MEMORIA HISTÓRICA y que, finalmente, las denuncias de las Infracciones Graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra se presentaran ante todos los Organismos Internacionales.

Doy testimonio personal, como ENEMIGO, de que ellos jamás esperaron una reacción así. Me lo dijeron una vez, cuando yo les planteaba que cometían un gran error dejándome con vida como Testigo de todos los Crímenes de Guerra que habían cometido. La respuesta fue: “tú nunca vas a volver a hablar de ésto si sobrevives, por tres razones:
1) Porque tu mente se defenderá del recuerdo del dolor y de las situaciones límites. Así lo dicen nuestros expertos psicólogos y psiquiatras. Pasará mucho tiempo y ya NO valdrá la pena recordar, NO valdrá la pena el dolor constante de los recuerdos, tendrás que rehacer tu vida y dejar todo atrás.
2) Porque NO querrás que tus seres queridos sepan todo lo que te sucedió ya que le causaría un gran dolor a ellos. NO vas a querer que ellos sufran. Así que preferirás callar y tratar de olvidar lo más pronto posible.
3) Porque si relatas todas las torturas te van a hacer la segunda pregunta, es inevitable. Esta segunda pregunta es: ¿Qué declaraste o firmaste como resultado de la tortura?. Nadie quiere explicar eso. Te quedarás callado.
La decisión de DENUNCIAR LOS CRÍMENES DE GUERRA NO ES GRATIS Y JAMÁS LO SERÁ. PERO SOY CRISTIANO Y LA VERDAD ES DEMASIADO IMPORTANTE PARA MÍ. Espero y confío en Dios: “LA VERDAD ME HACE LIBRE”, tengo este consuelo y esa ESPERANZA. Además, para aquellos que tuvieron o tienen una ideología marxista les recuerdo las palabras que el comandante Ernesto “Ché” Guevara les dirigiera a quienes participaban en la Conferencia Tricontinental de la Habana en 1967: “SÓLO LA VERDAD ES REVOLUCIONARIA”... En esa Conferencia participó el entonces Senador y Presidente del Congreso de Chile, Dr. Salvador Allende, quien fue elegido Presidente de la OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad.

Así que, compañeros, continuaré dirigiéndome a ustedes como a los Ex-prisioneros de guerra de Valparaíso, tanto porque fui un Dirigente Provincial de la Unidad Popular aquí en el Puerto como porque al interior de los Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra o en las Cárceles, yo era el Dirigente de más alto rango del Comité Provincial de la UP que se encontraba prisionero en Valparaíso. En esta Calidad acepté el ofrecimiento que de sus servicios hiciera el organismo humanitario imparcial conocido como el Comité Internacional de la Cruz Roja, de acuerdo al artículo 3º, inciso 2, del Convenio de Ginebra y al aceptarlo, como Dirigente de la UP, todas las personas que se encontraban detenidas bajo acusación de pertenecer a la Unidad Popular y calificadas como “EL ENEMIGO INTERNO EN VALPARAÍSO”, quedaron inmediatamente bajo la PROTECCIÓN de ese Organismo Internacional.

Finalmente, respecto a la ACTUACIÓN EN TIEMPO DE GUERRA DE LA AUTORIDAD MILITAR DE FACTO quiero decirles que fueron ellos los que impusieron las reglas del juego, nada dependía de nosotros ni nadie nos preguntaba nuestra opinión al respecto. SÓLO ÉRAMOS CALIFICADOS ARBITRARIAMENTE POR ESA AUTORIDAD. Es como sostiene la Comisión Valech cuando analiza la “Motivación Política”: “la Comisión consideró que existía motivación política en la privación de libertad o en la tortura cuando tal motivación estaba presente en los agentes del Estado que las ordenaron o realizaron”. De la misma forma, la Autoridad Militar de Facto actuó en Tiempo de Guerra MOTIVADA por la Orden Superior de Pinochet: “ESTO ES GUERRA SEÑORES”, y el resto fue como el Juego del Monito Mayor: “todos en la cola siguen las órdenes del Mono Mayor”.

Esperando haber aclarado las dudas y cuestionamientos sobre el tema y preparándome para responder nuevas interrogantes o interpretaciones alternativas, se despide de ustedes compañeros Ex-prisioneros de guerra de Valparaíso...

Roberto Sapiains Rodríguez
Ex-prisionero de guerra de
Valparaíso.

Valparaíso, 4 de diciembre de 2005.-

CARTA ABIERTA A LA SEÑORA MICHELLE BACHELET JERIA, PRESIDENTE ELECTO DE LA REPÚBLICA DE CHILE.

2006-01-16T16:23:00.000-08:00

CARTA ABIERTA A LA SEÑORA MICHELLE BACHELET JERIA, PRESIDENTE ELECTO DE LA REPÚBLICA DE CHILE.

Me permito dirigirme a la señora Michelle Bachelet Jeria, Presidente Electo de la República de Chile, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que establece:

“La Constitución asegura a todas las personas:

14º. El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.

Ha terminado el proceso electoral, se ha reconocido la derrota y se ha celebrado la victoria. Seguramente se están preparando, desde ya, los nuevos equipos de gobierno que acompañarán a la señora Bachelet en su Gestión Presidencial. Por lo tanto, creo que es el momento de RECORDARLE a la primera mujer Presidente de Chile, uno de los EPISODIOS CLAVES de esta Segunda Vuelta Electoral:

- En una de las ediciones del Programa de Medianoche, conducido por la periodista Montserrat Álvarez, se entrevistó al Ministro del Interior del Presidente Lagos, don Francisco Vidal, quien con un DOCUMENTO IMPRESO en mano demostró a los televidentes EL COMPROMISO EXPÚREO que había asumido el candidato Sebastián Piñera con el MUNA, Movimiento de Unidad Nacional, conformado por los Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas y de Orden. Este COMPROMISO EXPÚREO consistía en que el señor Piñera ASEGURABA LA APLICACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN O LA AMNISTÍA A LOS OFICIALES QUE ESTÁN DESFILANDO EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, A CAMBIO DE SUS VOTOS PARA LA SEGUNDA VUELTA.

Es sobre este punto que me permito SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PRIMERA MUJER PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE, que una de sus Primeras Medidas sea un COMPROMISO PÚBLICO Y TRANSPARENTE PARA QUE LOS CRIMENES DE GUERRA DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS POR LA DICTADURA DE PINOCHET, QUE CONSTITUYEN INFRACCIONES GRAVES AL CONVENIO DE GINEBRA RELATIVO AL TRATO DE PRISIONEROS DE GUERRA, SEAN INVESTIGADOS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS SIN APLICAR NI AMNISTÍA NI PRESCRIPCIÓN QUE IMPIDA CONOCER ‘TODA LA VERDAD’ SOBRE LO OCURRIDO, PARTE DE LA CUAL HA QUEDADO ‘A FIRME’ EN EL INFORME FINAL DE LA COMISIÓN VALECH”.

Así, se demostrará al país que la actuación del señor Ministro del Interior del Presidente Lagos, don Francisco Vidal, ante las Cámaras de Televisión Nacional durante ese Programa de Medianoche, NO FUE SÓLO UN SHOW ELECTORERO DE LA MÁS BAJA CALIDAD MORAL Y DEL MÁS ALTO CONTENIDO INTERVENCIONISTA E HIPÓCRITA, como ha sostenido la Alianza por Chile. A este efecto, me permito reiterar, una vez más, los contenidos de una CARTA ABIERTA DIRIGIDA A LOS DOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES DURANTE ESTA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL.

CONSIDERANDO:

QUE EL ESTADO DE CHILE ESTÁ REALIZANDO ACTOS CONTRARIOS AL CONVENIO DE GINEBRA RELATIVO AL TRATO DE PRISIONEROS DE GUERRA, LEY INTERNACIONAL VIGENTE EN CHILE DESDE EL AÑO 1951, EN LAS ACTUACIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.- EN EL PODER JUDICIAL.-

De acuerdo al fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de fecha 5 de agosto de 2005, que ha RECHAZADO APLICAR el Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, Ley Internacional VIGENTE en Chile desde el año 1951, al período de tiempo comprendido entre el 11.09.73 y el 10.03.78. Este período de tiempo fue declarado como “Estado Jurídico de Guerra Interna en Chile” por el Decreto Ley Nº 5, dictado por la Junta Militar el 12 de septiembre de 1973, y terminado como Estado de Sitio por el Decreto Ley Nº 2.191, de 18 de abril de 1978.

El voto de mayoría, correspondiente a los ministros Nibaldo Segura y a los abogados integrantes Luz María Jordán y José Fernández, desconoce la existencia de un estado de guerra en Chile que haría aplicable el Convenio de Ginebra ya mencionado, sosteniendo que "no se ha acreditado ni tenido por establecido en autos que en la fecha señalada (octubre de 1973) existía en Chile una oposición entre dos Fuerzas Armadas o bien entre las Fuerzas Armadas de Chile y uno o más grupos armados que no reconocían la autoridad de la primera y que estaban bajo el mando de una autoridad responsable, que ejercía dominio o control sobre una parte del territorio chileno, lo que le permitía realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, y aplicar las disposiciones del derecho humanitario".

Además, ese voto de mayoría en el fallo de 5 de agosto de 2005, sostiene que: "tampoco se ha acreditado en autos que existía en Chile la rebelión militarizada capaz de provocar el estado de Guerra interno".

Por su parte, en el voto de minoría, los ministros Enrique Cury y Jaime Rodríguez Espoz, estimaron que el caso es imprescriptible porque el día en que ocurrieron los hechos el territorio nacional se encontraba jurídicamente en estado de guerra interna por el estado de sitio decretado por la autoridad.

Los magistrados del voto de minoría sostuvieron, además, que: "no es admisible que los mismos que se asilaron en las ventajas que les concedía la referida declaración de estado de guerra (...) pretendan ahora desconocer su valor para ignorar las sanciones que al quebrantamiento de las leyes de tal estado y las limitaciones que a la autoexoneración respecto de ellas imponen los Convenios Internacionales”.

2.- EN EL PODER EJECUTIVO.-

De acuerdo a la decisión del Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, de “declarar secretos, por al menos 50 años, los antecedentes recolectados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”, antecedentes que nos permitirían a quienes fuimos Calificados como Presos Políticos y Torturados, incoar causas judiciales fundamentadas en nuestras declaraciones ante esta Comisión.

Esa Comisión Nacional emitió un Informe Final, el “Informe Valech”, en el cual se comprueban las “Infracciones Graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra cometidas entre el 11.09.73 y el 10.03.78, período de Estado Jurídico de Guerra Interna en Chile”, iniciado como tal por el Decreto Ley Nº 5 de 12 de septiembre de 1973 y terminado como Estado de Sitio por el Decreto Ley Nª 2.191 de 18 de abril de 1978.

El Informe Valech establece ‘a firme’, en su página 163, Capítulo III, Contexto, “Declaración de Estado de Guerra”, lo siguiente:

“…la Junta suspendió las garantías individuales desde el mismo 11 de septiembre de 1973. Para fundamentar esa medida, alegó la existencia de un cuadro de conmoción interna atribuido a la existencia de fuerzas rebeldes o sediciosas, se decretó el estado de sitio en todo el territorio nacional y el estado de emergencia en determinadas provincias y departamentos. Como señaló el Decreto Ley Nº 5, publicado en el Diario Oficial del 22 de septiembre de 1973, el ‘estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias que vive el país’, debía considerarse como un ‘estado o tiempo de guerra’ sometido al régimen jurídico que el Código de Justicia Militar y otras leyes penales contemplan para tales situaciones críticas. Esta preceptiva no hacía otra cosa que retirar de manos de la justicia ordinaria en beneficio de la justicia militar de tiempo de guerra el ‘conocimiento y la decisión de las causas por infracción a las normas sobre estado de sitio’”.

En ese mismo Capítulo III, Contexto, “Consejos de Guerra”, se sostiene:

“De modo que la declaración jurídica de guerra actuó como ficción legal y justificación política para acciones represivas sin correspondencia con el contexto de referencia, empleándose así los tribunales militares en tiempo de guerra.

Téngase presente que en el derecho internacional, como testimonio del rechazo unánime y sin reservas a la tortura, ésta se encuentra proscrita de las leyes, incluso de las leyes de la guerra, en cuyo caso es lícito matar en el curso de acciones bélicas, pero nunca torturar.

Es más, los fiscales, a quienes en materia penal competía instruir y sustanciar todos los procesos, recogiendo y consignando las pruebas pertinentes, deteniendo a los inculpados y produciendo los elementos de convicción que fueran del caso, representaron un eslabón más en la cadena de los agentes represores.

En efecto, se limitaron a recibir y a consignar antecedentes contrarios a los inculpados, omitiendo toda actuación o diligencia que pudiera beneficiarlos y exculparlos, siendo que a ellos tocaba investigar la verdad de los hechos y reunir los antecedentes que sirvieran para comprobarlos. No obstante, las declaraciones de los inculpados nunca fueron investigadas, optándose por rechazarlas en beneficio de las pruebas oficiales.

O bien, en vez de interrogar personalmente a los implicados, a menudo los fiscales se conformaron con interrogatorios realizados por funcionarios desvinculados de los tribunales militares, en recintos ajenos a los mismos y mediante apremios que extraían confesiones ajustadas a los requerimientos de los torturadores. El análisis de los procesos revela que, actuando con sistemático descuido de la imparcialidad del debido proceso, los fiscales permitieron y aun propiciaron la tortura como método válido de interrogatorio.

“Tampoco se reconoció el derecho a la legítima defensa. En todo procedimiento penal los imputados gozan de diversos derechos y garantías. Por ejemplo, que se les informe de manera específica y clara de los hechos que se les imputan; ser asistidos por un abogado desde los actos iniciales de la investigación; solicitar que se active la misma y conocer su contenido; solicitar el sobreseimiento de la causa; guardar silencio o declarar sin juramento; y no ser sometidos a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

No obstante, los imputados por los tribunales militares en tiempo de guerra a contar de 1973 casi nunca gozaron de los derechos antes señalados. (Páginas 166 y 167 del Informe Valech)

En cuanto a la violación, tanto del derecho a la legítima defensa como de las garantías del debido proceso establecidas en los artículos 183, 184 y 121 del Código de Justicia Militar, en relación al artículo 67 del Código de Procedimiento Penal; al artículo 18 de la Constitución Política de 1925; y al artículo 105 del Convenio de Ginebra relativo al trato dado a los prisioneros de guerra, el Informe Valech sostiene que:

“En tales tribunales militares la norma fue la violación de esos derechos y garantías.” (Ver nota al pie de la página 167 del Informe).

Respecto a la actuación de la Corte Suprema durante el Estado de Guerra declarado jurídicamente en Chile, el Informe Valech, en sus páginas 171 y 172, Capítulo III, Contexto, “EL PODER JUDICIAL”, establece ‘a firme’:

“A la definición unilateral de una guerra inexistente y a la actuación irregular y punitiva de los consejos de guerra debe añadirse la abdicación, por parte de la Corte Suprema, de su facultad, establecida en la Constitución Política del Estado vigente al momento del golpe militar, para controlar y supervigilar a los tribunales militares en tiempo de guerra.

De esta manera, la Corte Suprema se desentendió de faltas y abusos cometidos por los tribunales militares, no sólo en su funcionamiento, sino también en sus resoluciones.

Renunciando a su tuición sobre los consejos de guerra, tampoco objetó la ampliación arbitraria de su competencia, para incluir actos y conductas previos a la dictación del Estado de Sitio.

Todo ello acarreó funestas consecuencias en lo concerniente al respeto a los derechos humanos, pues su exclusión jurisdiccional permitió las más graves violaciones a las personas y a la ley (...)

Y esto a pesar de que, desde el inicio, éstas fueron denunciadas con insistencia por los abogados defensores, quienes, aceptando por fuerza la normativa jurídica de tiempo de guerra, intentaron infructuosamente que se respetaran los tratados internacionales suscritos por Chile en la materia, con miras a hacer valer las garantías al trato humano de los prisioneros. En rigor, el máximo tribunal del país brindó su decidido apoyo al gobierno militar (...)

El presidente de la Corte Suprema a la fecha del golpe fue particularmente enfático en su adhesión a las nuevas autoridades. En los discursos de inauguración del año judicial, la actividad anual más solemne de dicho Poder, insistió en manifestar su respaldo al gobierno militar, llegando al extremo de negarles validez y autoridad a las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos formuladas por organismos nacionales e internacionales, y desestimando sus críticas al régimen de libertades públicas imperante en Chile tras el golpe de Estado (...)

Otros se encuentran procesados en los juzgados ordinarios o militares, y con respecto a aquellos que se encuentran detenidos en virtud de las facultades legales del estado de sitio en vigencia, se hace un esfuerzo para aliviar su situación de detenidos y clarificar cuanto antes su participación en actividades reñidas con la ley. Es de desear que este esfuerzo pueda terminar cuanto antes con la situación eventual en que se encuentran las familias afectadas”. (Fin de la cita del Informe Valech, el subrayado y destacado del texto es de mi autoría).

A este respecto, vengo en dar mi testimonio personal sobre una actuación específica del Presidente de la Corte Suprema de Chile, honorable magistrado don Enrique Urrutia Manzano:

“Durante el tiempo en que el prisionero de guerra Roberto Sapiains, por decisión del Fiscal de Ejército Mayor Fernando Torres Silva, permaneció procesado ante la Segunda Fiscalía Militar en Tiempo de Guerra de Santiago, fue notificado por exhorto, vía el Octavo Juzgado del Crimen de la ciudad de Santiago, de una diligencia procesal realizada por el Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso en la causa Rol 91.239.

Con este argumento el procesado Sapiains se presentó a la Primera Visita de Cárceles después del Golpe de Estado, realizada por el Presidente de la Corte Suprema don Enrique Urrutia Manzano, y procedió a explicar su situación según la diligencia notificada, presentando al magistrado el comprobante del exhorto. Su Señoría escuchó con atención y deferencia los argumentos del procesado y leyó la notificación vía exhorto que éste le mostró, luego le pidió al Teniente de Gendarmería de apellido Olguín que informara sobre el caso.

El Oficial comenzó a leer el ‘curriculum’ del prisionero: Jefe del Plan Z en Valparaíso; Presidente de la Unidad Popular del Puerto; experto en armas, explosivos y artes marciales; Jefe de la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua que financiaba a la OLAS; Graduado en Cursos de Guerrillas Internacionales y con formación en Cursos de Estado Mayor de la Subversión Marxista; y condenado en dos Consejos de Guerra en Valparaíso por posesión de arsenales de armas y explosivos.

Finalmente, el prisionero era el Organizador y Cabecilla del Motín de Prisioneros de Guerra de Valparaíso, motín que buscaba dañar la imagen internacional de la Junta Militar, crimen por el cual se encontraba procesado en la Segunda Fiscalía Militar de Tiempo Guerra de Santiago, a cargo del Fiscal de Guerra del Ejército Mayor Fernando Torres Silva.

El Honorable Magistrado estaba indignado y con voz fuerte, llena de reproches, se dirigió al procesado con las siguientes palabras:

‘No te escaparás de la Justicia Militar creándote causas en la Justicia Ordinaria, fuera...fuera’.

Al salir de la sala pude escuchar que, aun con indignación en su voz, se dirigía a los representantes de los medios de comunicación presentes diciendo: ‘Está prohibido informar sobre este caso de acuerdo al Decreto Ley Nº 12 de la Honorable Junta Militar de Gobierno...’”

3.- EN EL PODER LEGISLATIVO.-

De acuerdo a la decisión de RECHAZAR dos solicitudes de formación de una “Comisión Investigadora sobre las Infracciones Graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra cometidas por la Dictadura de Pinochet entre el 11.09.73 y el 10.03.78, período de Estado Jurídico de Guerra Interna en Chile”, presentadas por el infrascrito ante la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados los días 14 de noviembre y 15 de diciembre de 2005.

Esta decisión significa que: “EL PODER LEGISLATIVO CHILENO NO ESTÁ TOMANDO TODAS LAS OPORTUNAS MEDIDAS LEGISLATIVAS PARA DETERMINAR LAS ADECUADAS SANCIONES PENALES QUE SE HAN DE APLICAR A LAS PERSONAS QUE HAYAN COMETIDO, O DADO ORDEN DE COMETER, UNA CUALQUIERA DE LAS INFRACCIONES GRAVES CONTRA EL CONVENIO DE GINEBRA RELATIVO AL TRATO DE PRISIONEROS DE GUERRA DEFINIDAS EN SU ARTÍCULO 130”.

Y TENIENDO PRESENTE:

A) Que las citadas actuaciones, que afectan a las Instituciones de los tres Poderes del Estado de Chile, infraccionan gravemente los artículos 3, 129, 130, 131 y 132 del Convenio de Ginebra, y violan expresamente el inciso 3º, de su artículo 129, que ordena:

“Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio”.

B) Que el compromiso de VERDAD Y JUSTICIA hace indispensable que: “los casos de Infracción Grave al Convenio de Ginebra ocurridos durante el período definido jurídicamente como ‘Estado de Guerra Interna en Chile’, SEAN INVESTIGADOS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS SIN APLICAR NI AMNISTÍA NI PRESCRIPCIÓN QUE IMPIDA CONOCER ‘TODA LA VERDAD’ SOBRE LO OCURRIDO, PARTE DE LA CUAL HA QUEDADO ‘A FIRME’ EN EL INFORME FINAL DE LA COMISIÓN VALECH”.

Por tanto,

SOLICITO RESPETUOSAMENTE, a la señora Michelle Bachelet Jeria, Presidente Electo de la República de Chile, un Compromiso Público de Honor para los siguientes efectos:

1.- Revocar la decisión del actual Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, de “declarar SECRETOS, por al menos 50 años, los antecedentes recolectados y comprobados por la INVESTIGACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA”.

Así, se facilitará que las personas que fuimos CALIFICADAS EN LA LISTA NACIONAL tengamos la opción, tanto de referirnos públicamente a dichos antecedentes, como de autorizar formalmente a otras instituciones para requerir de la Comisión Valech la necesaria y suficiente información en pro de la REPARACION del daño causado por las actuaciones ilegales de la Autoridad Militar de Facto, durante el Estado de Guerra en la Dictadura de Pinochet.

2.- Instruir al CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO para que: “requiera la totalidad de los antecedentes recolectados por la Comisión Valech y realice un estudio legal de ellos, definiendo con claridad las acciones judiciales que pueden y deben incoarse en base a dichos antecedentes”.

3.- Instruir al CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO para que: “en uso de sus facultades legales INICIE ACCIÓN JUDICIAL ante los Tribunales de la Justicia Ordinaria de Chile, en base a los antecedentes estudiados previamente”.

4.- Declarar formalmente que bajo su eventual Gobierno: “SE VELARÁ POR LA APLICACIÓN DE LA LEY INTERNACIONAL EN CHILE, RESPETANDO EN FORMA IRRESTRICTA LOS TRATADOS RATIFICADOS SOLEMNEMENTE POR NUESTRO PAÍS”.

5,- Dejar establecido en Declaración Pública de Honor que: “EL HUMANISMO CRISTIANO NO ES MONOPOLIO DE NINGUNA ORGANIZACIÓN POLÍTICA SINO QUE CONSTITUYE UN ‘PATRIMONIO’ DE TODA LA HUMANIDAD”.

6.- Dejar establecido en Declaración Pública de Honor que: “LA IMAGEN INTERNACIONAL DE CHILE” no depende de si un Presidente de la República propugna el HUMANISMO LAICO perteneciendo a la Respetada Institución Internacional de la Masonería, sino que se fundamenta en “EL RESPETO Y EL CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DEL DERECHO HUMANITARIO, SEGÚN LO DISPONEN LAS LEYES INTERNACIONALES RATIFICADAS POR CHILE”.

7.- Reconocer públicamente que, a comienzos del mes de junio de 1973, el señor Aristóteles Berlendis, Serenísimo Gran Maestro de la Masonería en Chile, aplicó la sanción de “poner en sueño” a la Logia Pedro Aguirre Cerda, en la cual participaban la mayoría de los políticos de izquierda miembros de esa Honorable Institución, incluyendo al Presidente de la República Dr. Salvador Allende, en el grado de Maestro. Esta sanción causó un gran impacto al Presidente Allende y a todo su equipo de gobierno, de lo cual fui testigo presencial, y, debo decirlo, constituyó el Primer Golpe en el camino hacia el 11 de septiembre de 1973. Así lo manifestó el mismo Presidente Allende en un emocionado Mensaje al país desde el entonces edificio de la UNCTAD, en Santiago de Chile.

8.- ESTABLECER, más allá de toda duda razonable, que la CAUSA de esa SANCIÓN era totalmente falsa, ya que el Presidente Allende NO estaba preparando un Autogolpe de Estado para imponer la Dictadura del Marxismo Revolucionario al estilo Cubano en Chile. Esta acusación fue planteada en el presunto PLAN ZETA y quienes fuimos acusados de participar en dicho Plan, hemos probado la total falsedad de esa acusación que fuera parte esencial de la Propaganda de Guerra de la Dictadura de Pinochet.

Así lo reconoce el Informe Valech en sus páginas 162 y 163, sosteniendo:

“Los esfuerzos de propaganda del régimen buscaron crear –con el apoyo de los medios de comunicación partidarios, que amplificaban la versión oficial de los hechos- un clima de opinión favorable a la aplicación de acciones punitivas. Resulta ilustrativo el presunto Plan Z, que habría definido genéricamente las víctimas en la mira de la izquierda abocada a la conquista del poder total por medio de la fuerza, y que evidencia, por parte de los militares y de sus colaboradores civiles, la pretensión de disculpar las medidas represivas, así presentadas como actos de legítima defensa. El Plan Z destacaba entre los alarmantes hallazgos consignados en el Libro blanco del cambio de gobierno en Chile, obra redactada para suscitar apoyo emocional al golpe militar y sus consecuencias, ilustrada con fotos del “armamento de guerra pesado y liviano encontrado por las fuerzas militares y de orden en los arsenales de la Unidad Popular”. Este libro, cuyas revelaciones nunca han podido ser validadas empíricamente, presentaba al pronunciamiento militar como la oportuna y justa reacción al inminente autogolpe de la Unidad Popular. La “parte más siniestra de dicho operativo –se informaba a la desprevenida población del país- era el exterminio simultáneo, en todo el país, de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, así como de dirigentes políticos y gremiales opositores. Se perseguía, con este golpe criminal, que debía iniciarse el 17 de septiembre, paralizar por el terror toda resistencia a la dictadura de la Unidad Popular, que se implantaría de inmediato”. Debe consignarse que el Libro blanco serviría como prueba inculpatoria en procesos llevados a cabo por tribunales militares, lo que constituía una violación a las normas imperantes de admisibilidad de los medios de prueba. Entre los partidarios del golpe militar, tampoco debe desestimarse su papel legitimador de la violencia política, acompañada de indulgencia ante los atropellos al imperio del Derecho, incluso al interior del Poder Judicial”. (Fin de la cita, el subrayado y destacado del texto es de mi autoría)

9.- Reconocer que los valores supremos de VERDAD Y JUSTICIA, que son parte esencial del HUMANISMO LAICO propugnado por la Honorable Masonería, deben ser APLICADOS al presente caso, tanto para restituir públicamente la DIGNIDAD DE HERMANO MASÓN EN EL GRADO DE MAESTRO al Presidente Allende como para “exigir la investigación exhaustiva de las Infracciones Graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra cometidas por la Dictadura Pinochetista durante el período declarado como Estado Jurídico de Guerra Interna en Chile”, con el objetivo de establecer “TODA LA VERDAD” requisito de una sana democracia y de una auténtica Reconciliación Nacional.

10.- Rechazar enérgicamente las pretensiones del MUNA (Movimiento de Unidad Nacional), conformado por los Oficiales de las Fuerzas Armadas en Retiro, ya que muchos de ellos aspiran a que se les aplique la PRESCRIPCIÓN O LA AMNISTÍA concedida en el artículo 1, del Decreto Ley Nº 2.191, de 18 de abril de 1978.

En ese Decreto Ley Nº 2.191 NO SE DICE, que los autores, cómplices o encubridores que han incurrido en hechos delictuosos, son las mismas personas que habían cometido u ordenado cometer, “los Crímenes de Guerra de Lesa Humanidad durante el Estado Jurídico de Guerra Interna en Chile, que constituyen Infracciones Graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra”, torturando, mutilando, asesinando, haciendo desaparecer los cuerpos mutilados y realizando toda clase de tratos crueles, inhumanos y degradantes con los prisioneros de guerra capturados e interrogados por los Servicios de Inteligencia de la Dictadura Pinochetista, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10. de abril de 1978.

En efecto, las únicas personas que habían incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia de la situación en Estado de Sitio (Estado Jurídico de Guerra Interna en Chile), comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, y que cumplían con la condición “siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenas”, eran los miembros de los Servicios de Inteligencia de la Dictadura Pinochetista que cometieron los Crímenes de Guerra de Lesa Humanidad y los Oficiales Superiores que les dieron las órdenes para cometerlos.

En consecuencia, esta Amnistía del Decreto Ley Nº 2.191 constituye sólo una AUTOEXONERACIÓN de las Responsabilidades Criminales de Tiempo de Guerra en que incurrió la propia Junta Militar de Gobierno en Chile, que infraccionó y que aun está infraccionando gravemente el artículo 131 del Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra.

11.- Dejar claramente establecido que es INACEPTABLE que se continúe cometiendo el delito de ENCUBRIMIENTO DE LAS INFRACCIONES GRAVES AL CONVENIO DE GINEBRA y, aun más, de intentar involucrar en ese delito a todos los actores civiles de la política nacional en Chile. No es una actitud DIGNA y que corresponda al HONOR MILITAR el seguir implorando protección vía el ENCUBRIMIENTO y, menos aun, el intentar negociar votos a cambio de promesas electorales, como lo ha denunciado el señor Francisco Vidal, Ministro del Interior del actual Presidente de la República don Ricardo Lagos Escobar, PARA APLICAR UNA PRESUNTA AMNISTÍA QUE NO ES MÁS QUE UNA AUTOEXONERACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES CRIMINALES DE TIEMPO DE GUERRA QUE ESTÁ EXPRESAMENTE PROHIBIDA EN LA LEY INTERNACIONAL.

Así lo han entendido los ministros Enrique Cury y Jaime Rodríguez Espoz, que en el voto de minoría del fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema del 5 de agosto de 2005, sostuvieron: "no es admisible que los mismos que se asilaron en las ventajas que les concedía la referida declaración de estado de guerra (...) pretendan ahora desconocer su valor para ignorar las sanciones que al quebrantamiento de las leyes de tal estado y las limitaciones que a la autoexoneración respecto de ellas imponen los Convenios Internacionales”.

Efectivamente, NO ES ADMISIBLE que los miembros directivos e integrantes del MUNA, que abusaron de las ventajas que les daba el Estado de Guerra Interna en Chile, cometiendo EXCESOS Y ERRORES que constituyen Crímenes de Guerra de Lesa Humanidad e Infracciones Graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, PRETENDAN AHORA DESCONOCER LA VIGENCIA Y APLICABILIDAD DE ESTA LEY INTERNACIONAL AL ESTADO JURÍDICO DE GUERRA INTERNA EN CHILE, DECLARADO POR EL DECRETO LEY Nº 5 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1973 Y TERMINADO COMO ESTADO DE SITIO POR EL DECRETO LEY Nº 2.191 DEL 18 DE ABRIL DE 1978, PARA IGNORAR SUS SANCIONES Y LAS DEBIDAS LIMITACIONES QUE ELLA IMPONE A LA AUTOEXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES CRIMINALES.

Es Justicia.

Roberto Sapiains Rodríguez

Ex-prisionero de guerra de Valparaíso

RUT 4.827.910 - 4

VALPARAÍSO, 16 de Enero de 2006.-

Procesado por secuestros y homicidios general (R) Alejandro Medina Lois

2006-01-16T16:21:00.000-08:00

16 de Enero del 2006

Procesado por secuestros y homicidios general (R) Alejandro Medina Lois

Causa relacionada con miembros de la Escuela de Paracaidistas del Ejército del Regimiento de Peldehue contrarios al régimen militar.

Detenido en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército quedará este lunes el general (R) Alejandro Medina Lois, quien fue procesado por el juez Carlos Gajardo por el secuestro agravado de dos personas y cinco homicidios.

Se trata de conscriptos y soldados contrarios al régimen militar miembros de la Escuela de Paracaidistas del Regimiento Peldehue de la institución, que el ex uniformado dirigía en 1973.

El ex rector, miembro de la junta directiva y docente de la Universidad Bernardo O´Higgins (UBO) fue entregado por efectivos del Batallón de Policía Militar a personal de Gendarmería.

En el Palacio de Tribunales, precisó el reporte de Cooperativa, Medina Lois era notificado de su encausamiento por el magistrado e informado de su prisión preventiva en el recinto castrense de la comuna de Peñalolén.

El otrora alto oficial se desempeñó durante el gobierno de Augusto Pinochet como ministro de Salud y rector de la Universidad de Chile, tras lo cual presidió a los generales de Ejército en retiro y ejerció como vicepresidente del Cuerpo de Generales y Almirantes.

CARTA ABIERTA A LOS HONORABLES SENADORES DON JORGE MARTÍNEZ BUSH Y DON FERNANDO CORDERO RUSQUE.

2006-01-14T15:35:00.000-08:00

CARTA ABIERTA A LOS HONORABLES SENADORES DON JORGE MARTÍNEZ BUSH Y DON FERNANDO CORDERO RUSQUE.

Me permito dirigirme a ustedes Honorables Senadores don Jorge Martínez Bush y don Fernando Cordero Rusque, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 19, de la Constitución Política del Estado, que establece:

“La Constitución asegura a todas las personas:

14º. El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.

CONSIDERANDO:

QUE EL ESTADO DE CHILE ESTÁ REALIZANDO ACTOS CONTRARIOS AL CONVENIO DE GINEBRA RELATIVO AL TRATO DE PRISIONEROS DE GUERRA, EN LAS ACTUACIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.- EN EL PODER JUDICIAL.-

El voto de mayoría, correspondiente a los ministros Nibaldo Segura y a los abogados integrantes Luz María Jordán y José Fernández, desconoce la existencia de un estado jurídico de guerra que haría aplicable el Convenio de Ginebra ya mencionado, argumentando que "no se ha acreditado ni tenido por establecido en autos que en la fecha señalada (octubre de 1973) existía en Chile una oposición entre dos Fuerzas Armadas o bien entre las Fuerzas Armadas de Chile y uno o más grupos armados que no reconocían la autoridad de la primera y que estaban bajo el mando de una autoridad responsable, que ejercía dominio o control sobre una parte del territorio chileno, lo que le permitía realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, y aplicar las disposiciones del derecho humanitario". Además, ese mismo fallo de 5 de agosto de 2005, sostiene que: "tampoco se ha acreditado en autos que existía en Chile la rebelión militarizada capaz de provocar el estado de Guerra interno".

Los magistrados sostuvieron, además, que: "no es admisible que los mismos que se asilaron en las ventajas que les concedía la referida declaración de estado de guerra (...) pretendan ahora desconocer su valor para ignorar las sanciones que al quebrantamiento de las leyes de tal estado y las limitaciones que a la autoexoneración respecto de ellas imponen los Convenios Internacionales”.

2.- EN EL PODER EJECUTIVO.-

3.- EN EL PODER LEGISLATIVO.-

Y TENIENDO PRESENTE:

A) Que las citadas actuaciones, que afectan a los tres Poderes del Estado de Chile, infraccionan gravemente los artículos 3, 129, 130, 131 y 132 del Convenio, y violan expresamente el inciso 3º, de su artículo 129, que ordena: “Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio”.

B) Que el compromiso de VERDAD Y JUSTICIA hace indispensable que los casos de Infracción Grave al Convenio de Ginebra, ocurridos durante el período definido como “Estado Jurídico de Guerra Interna en Chile”, SEAN INVESTIGADOS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS SIN APLICAR NI AMNISTÍA NI PRESCRIPCIÓN QUE IMPIDA CONOCER ‘TODA LA VERDAD’ SOBRE LO OCURRIDO, PARTE DE LA CUAL HA QUEDADO ‘A FIRME’ EN EL INFORME FINAL DE LA COMISIÓN VALECH”.

Por tanto,

SOLICITO RESPETUOSAMENTE, a los Honorables Senadores don Jorge Martínez Bush y don Fernando Cordero Rusque, que definan públicamente su posición RESPECTO A ESAS ACTUACIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DE CHILE, considerando los siguientes antecedentes:

1.- Que el 11 de septiembre de 1973, los Mandos Institucionales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile se “alzaron a mano armada contra el Gobierno del Presidente Salvador Allende en respuesta a un Documento de la Cámara de Diputados que declaraba la inconstitucionalidad de ese Gobierno”.

2.- Que obviamente ese Alzamiento a Mano Armada constituyó una “rebelión militarizada capaz de provocar el estado de Guerra interno". Así lo prueba la Ofensiva Armada contra el Palacio de la Moneda por Aire y Tierra, cuyo testimonio se ha exhibido varias veces por las pantallas de Televisión en Chile.

3.- Que así lo entendió también la Junta Militar de Gobierno declarando el Estado de Sitio y el Toque de Queda en todo el territorio nacional, situación que se extendió entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Este período de tiempo está claramente acotado en el Decreto Ley Nº 2.191, de fecha 18 de abril de 1978, que en su artículo 1 concede “aministía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación en Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a procesos o condenas”.

4.- Que en ese Decreto Ley Nº 2.191, NO SE DICE ABSOLÚTAMENTE NADA sobre el artículo 1º del Decreto Ley Nº 5, dictado por la Junta Militar el 12 de septiembre de 1973, que estableció lo siguiente:

“Declárase, interpretando el artículo 418º del Código de Justicia Militar, que el estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias que vive el país, debe entenderse “estado o tiempo de guerra” para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo que establece el Código de Justicia Militar y demás leyes penales y, en general, para todos los demás efectos de dicha legislación.”

Por su parte, el artículo 418º del Código de Justicia Militar, establece:

“Para los efectos de este Código, se entiende que hay estado de guerra, o que es tiempo de guerra, no sólo cuando ha sido declarada oficialmente la guerra o el estado de sitio, en conformidad a las leyes respectivas, sino también cuando de hecho existiere la guerra o se hubiere decretado la movilización para la misma, aunque no se haya hecho su declaración oficial”.

5.- Que, por lo tanto, podemos afirmar que el decreto Ley Nº 2.191 está terminando con el Estado o Tiempo de Guerra en Chile, SIN DECIRLO EXPRESAMENTE. Es más, en ninguna parte de su texto figura la pequeña palabra “guerra”, que fue tan importante en TODOS LOS EXCESOS Y ERRORES OCURRIDOS entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, período declarado como “Estado Jurídico de Guerra Interna” por el Decreto ley Nº 5, dictado por la Junta Militar el 12 de septiembre de 1973. .

Si lo sabremos nosotros, los Ex-prisioneros de guerra, que fuimos torturados para extraernos declaraciones extrajudiciales autoinculpatorias; que fuimos procesados ante los Tribunales Militares de Tiempo de Guerra acusados de haber cometido Crímenes de Guerra totalmente inexistentes en la Legislación Internacional; que fuimos juzgados en Consejos de Guerra que actuaron en UNA TOTAL ILEGALIDAD y que nos condenaron como Criminales de Guerra a cumplir varios años de prisión en recintos penales prohibidos en el Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra. Esta Ley Internacional que estaba VIGENTE en Chile desde el año 1951, DEBIÓ HABERSE APLICADO a ese Estado Jurídico de Tiempo de Guerra como lo ha comprobado, sin lugar a duda razonable, el “Informe Valech”.

6.- Que reconozco la existencia de un elemento EMOCIONAL respecto a “las actuaciones que constituyeron EXCESOS Y ERRORES”, como lo han reconocido los últimos Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden. Es totalmente comprensible para mí, especialmente en el caso de la Armada de Chile, que muchos oficiales navales actuaran muy sensibilizados por el Caso del Motín de la Escuadra descubierto por el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), a partir del mes de mayo de 1973.

Esa CONSPIRACIÓN PARA EL AMOTINAMIENTO entre suboficiales y clases de la Armada contemplaba, tanto la “toma de buques claves de la Escuadra” como el “bombardeo de instalaciones navales de tierra”, incluyendo a la Población Vergara ubicada en el área de Las Salinas de Viña del Mar, sector residencial de las familias de los oficiales navales. Por lo tanto, y lo reitero, es COMPRENSIBLE para mí el fuerte elemento EMOCIONAL involucrado en las actuaciones que constituyeron EXCESOS Y ERRORES.

7.- Que debo también reconocer, tanto por respeto a la VERDAD HISTÓRICA como al Principio Jurídico Testimonial de LA VERDAD, TODA LA VERDAD Y NADA MÁS QUE LA VERDAD, ambos valores fundamentales en mi vida cristiana, que HUBO SECTORES POLÍTICOS DE EXTREMA IZQUIERDA INVOLUCRADOS EN ESA CONSPIRACIÓN EN LA ARMADA DE CHILE.

Así lo han reconocido públicamente los propios ex-uniformados y los políticos de esa época, quienes han explicado la forma en que el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), el MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria, sector dirigido por el señor Garretón), y el Sector Altamirano del Partido Socialista, se INVOLUCRARON con el personal que iba a actuar en la Toma de la Escuadra ANTES de que se produjera OTRO INTENTO DE GOLPE DE ESTADO contra el Gobierno del Presidente Allende, quien estaba ajeno e ignoraba totalmente esta situación de INFILTRACIÓN EN LA ARMADA.

Además, el señor Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista, “pronunció un combativo discurso” en una reunión realizada en el Estadio Chile días antes del 11 de septiembre de 1973, en el cual reconoció “que se había reunido con los marinos de la Escuadra y que se volvería a reunir si fuera necesario”. Y en una frase clave señaló: “si los oficiales de la Armada realizan una Intentona Golpista yo incendiaré Chile de Arica a Magallanes”. No es de extrañar entonces que muchos de los Altos Oficiales Navales interpretaran esta frase como una verdadera “declaración de guerra” y actuaran con un FUERTE CONTENIDO EMOCIONAL a partir del 11 de septiembre de 1973, como lo ha reconocido en entrevista televisada el actual Senador de la República y Almirante (R) don Jorge Patricio Arancibia Reyes.

8.- Que, sin embargo, con la misma franqueza y honestidad histórica debo decirles a ustedes que NADA, ABSOLÚTAMENTE NADA, puede justificar los Crímenes de Guerra de Lesa Humanidad cometidos por los Servicios de Inteligencia de la Junta Militar, especialmente por la DINA, al servicio directo del Dictador Pinochet. Y, sobre todo, NADA, ABSOLÚTAMENTE NADA, puede hacer siquiera COMPRENSIBLE el que se haya planificado y ejecutado una POLÍTICA OFICIAL DE OCULTAMIENTO DE DICHOS CRÍMENES DE GUERRA, que incluyó actuaciones tan bajas y deleznables como la “Operación Retiro de Televisores”. En esta Operación se exhumaron los cadáveres de prisioneros de guerra torturados y asesinados, que habían “desaparecido” en distintas inhumaciones ilegales a partir de septiembre de 1973, para eliminar sus últimos vestigios, quemando esos restos y/o lanzándolos al mar o a los ríos. Operación que se sospecha se continuó realizando incluso después del año 1990, por lo cual NO estaría cubierta por el “acuerdo secreto de las cúpulas de la clase política de NO investigar las situaciones anteriores a 1990”.

9.- Que estoy consciente de que ustedes tienen una doble calidad, ya que siendo Senadores Designados son, a la vez, dirigentes del MUNA, Movimiento de Unidad Nacional, conformado por los Oficiales de las Fuerzas Armadas en Retiro. Muchos de ellos aspiran a que se les aplique la AMNISTÍA concedida en el artículo 1 del Decreto Ley Nº 2.191; pero, en ese Decreto Ley Nº 2.191 NO SE DICE, que los autores, cómplices o encubridores que han incurrido en hechos delictuosos, son las personas que habían cometido u ordenado cometer los Crímenes de Guerra de Lesa Humanidad durante el “Estado Jurídico de Guerra Interna en Chile, que constituyen Infracciones Graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra”, torturando, mutilando, asesinando, haciendo desaparecer los cuerpos mutilados y realizando toda clase de tratos crueles, inhumanos y degradantes con los prisioneros de guerra capturados e interrogados por los Servicios de Inteligencia de la Dictadura Pinochetista entre el 11.09.73 y el 10.03.78.

10.- Que basta ya de seguir cometiendo el delito de ENCUBRIMIENTO DE LAS INFRACCIONES GRAVES AL CONVENIO DE GINEBRA y, aun más, de intentar involucrar a todos los actores civiles de la política nacional en Chile. No es una actitud DIGNA y que corresponda al HONOR MILITAR el seguir implorando protección vía el ENCUBRIMIENTO y, menos aun, el intentar NEGOCIAR VOTOS A CAMBIO DE PROMESAS ELECTORALES PARA APLICAR UNA PRESUNTA AMNISTÍA, QUE NO ES OTRA COSA MÁS QUE UNA AUTOEXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES CRIMINALES QUE ESTÁ EXPRESAMENTE PROHIBIDA EN LA LEY INTERNACIONAL.

11.- Que como Ex-prisionero de guerra entiendo perfectamente el REPROCHE MORAL que significan las palabras de los ministros Enrique Cury y Jaime Rodríguez Espoz. Efectivamente, NO ES ADMISIBLE que ustedes, miembros directivos e integrantes del MUNA, que abusaron de las ventajas que les daba el Estado de Guerra Interna en Chile y que cometieron EXCESOS Y ERRORES que constituyeron Crímenes de Guerra de Lesa Humanidad e Infracciones Graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, pretendan AHORA DESCONOCER LA VIGENCIA DE ESTA LEY INTERNACIONAL PARA IGNORAR SUS SANCIONES Y LAS LIMITACIONES QUE ELLA IMPONE A LA AUTOEXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

Con la misma franqueza y honestidad histórica con que he insistido permanentemente en reconocer los EXCESOS Y ERRORES de la Extrema Izquierda Chilena, en el período previo al 11 de septiembre de 1973, debo decirles que siento VERGUENZA AJENA por los integrantes del MUNA.

Roberto Sapiains Rodríguez

Ex-prisionero de guerra de Valparaíso

RUT 4.827.910 - 4

VALPARAÍSO, 13 de Enero de 2006.-

Consulta sobre el Centro de Prisioneros de Guerra de Chacabuco

2005-12-26T09:31:00.000-08:00

Información sobre los prisioneros de guerra de Valparaíso que estuvieron en Chacabuco.

Señor Thomas Dinges:
He sabido que usted prepara un Reportaje sobre el Campo de Concentración de Prisioneros de Guerra ubicado en la Ex-Oficina Salitrera de Chacabuco. Al respecto puedo informarle lo siguiente:
Un grupo de Ex-prisioneros de guerra de Valparaíso, ya condenados a años de prisión en Consejos de Guerra realizados en la ciudad de Valparaíso, Zona de Estado de Sitio bajo el mando del almirante Adolfo
Walbaum Wieber, fueron enviados a ese Campo de Concentración de Chacabuco a comienzos del año 1974.
Como usted debe saber, la Junta Militar usó ese Campo de Prisioneros de Guerra como la "prisión modelo" que fue exhibida ante los medios de prensa nacionales y extranjeros, y ante los organismos internacionales, especialmente el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encontraba en Chile en cumplimiento de las normas del
Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, Ley Internacional vigente en Chile desde el año 1951 y que la Junta Militar NO aplicó al período calificado jurídicamente como Estado de Guerra en Chile por el Decreto Ley Nº5, dictado el 12 de septiembre de 1973.
Creo pertinente ofrecerle más información sobre esta materia, de forma que le adjunto todo el material que hemos preparado y publicado en el CIRCULO DE EX-PRISIONEROS DE GUERRA DE VALPARAISO. Además le adjunto
documentos que HE PRESENTADO PERSONALMENTE ANTE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE CHILE, solicitando una "Comisión Investigadora sobre LAS INFRACCIONES GRAVES AL CONVENIO DE GINEBRA cometidas por la Dictadura de Pinochet entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, período declarado jurídicamente como Estado de Guerra en Chile.
Como anexo le envío material consistente en CARTAS ABIERTAS enviadas a las máximas autoridades del Estado de Chile, denunciando las actuales infracciones que está cometiendo Chile, como ALTA PARTE CONTRATANTE DEL CONVENIO DE GINEBRA.
Espero que este material le sea de utilidad.
Saluda atentamente a UD.
Roberto Sapiains R.
Ex-prisionero de guerra de Valparaíso

LO EMPLAZO SEÑOR INTENDENTE GUASTAVINO, A EXIGIR QUE SALGAN A LUZ LOS ANTECEDENTES DEL INFORME DE LA COMISIÓN VALECH

2005-12-25T16:43:00.000-08:00

CARTA ABIERTA AL SEÑOR INTENDENTE DE LA QUINTA REGIÓN DON LUIS GUASTAVINO CÓRDOVA.

Me permito dirigirme a usted, señor Intendente de la Quinta Región don Luis Guastavino Córdova, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Chile, que establece:

“La Constitución asegura a todas las personas:

14º. El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.

CONSIDERANDO:

QUE EL ESTADO DE CHILE ESTÁ REALIZANDO ACTOS CONTRARIOS AL CONVENIO DE GINEBRA RELATIVO AL TRATO DE PRISIONEROS DE GUERRA, EN LAS ACTUACIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.- EN EL PODER JUDICIAL.-

De acuerdo al fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, de fecha 5 de agosto de 2005, que ha rechazado APLICAR el Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra al período de tiempo entre el 11.09.73 y el 10.03.78, declarado jurídicamente como Estado de Guerra Interna en Chile por el Decreto Ley Nº 5, dictado por la Junta Militar el 12 de septiembre y publicado en el Diario Oficial el 22 de septiembre de 1973.

Por su parte, en el voto de minoría los ministros Enrique Cury y Jaime Rodríguez Espoz, estimaron que el caso es imprescriptible porque el día en que ocurrieron los hechos el territorio nacional se encontraba jurídicamente en estado de guerra interna por el estado de sitio decretado por la autoridad. Los magistrados sostuvieron, además, que: "no es admisible que los mismos que se asilaron en las ventajas que les concedía la referida declaración de estado de guerra (...) pretendan ahora desconocer su valor para ignorar las sanciones que al quebrantamiento de las leyes de tal estado y las limitaciones que a la autoexoneración respecto de ellas imponen los Convenios Internacionales”.

2.- EN EL PODER EJECUTIVO.-

De acuerdo a la decisión del Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, de “declarar secretos, por al menos 50 años, los antecedentes recolectados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”. Esta Comisión Nacional emitió un Informe Final, el “Informe Valech”, en el cual se constatan las “Infracciones Graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra cometidas por la Dictadura de Pinochet”, durante el “Estado de Guerra” declarado JURÍDICAMENTE en Chile entre el 11.09.73 y el 10.03.78.

El Informe Valech establece ‘a firme’, en su página 163, Capítulo III, Contexto, “Declaración de Estado de Guerra”, lo siguiente:

“…la Junta suspendió las garantías individuales desde el mismo 11 de septiembre de 1973. Para fundamentar esa medida, alegó la existencia de un cuadro de conmoción interna atribuido a la existencia de fuerzas rebeldes o sediciosas, se decretó el estado de sitio en todo el territorio nacional y el estado de emergencia en determinadas provincias y departamentos. Como señaló el Decreto Ley Nº 5, publicado en el Diario Oficial del 22 de septiembre de 1973, el ‘estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias que vive el país’, debía considerarse como un ‘estado o tiempo de guerra’ sometido al régimen jurídico que el Código de Justicia Militar y otras leyes penales contemplan para tales situaciones críticas. Esta preceptiva no hacía otra cosa que retirar de manos de la justicia ordinaria en beneficio de la justicia militar de tiempo de guerra el ‘conocimiento y la decisión de las causas por infracción a las normas sobre estado de sitio’”.

En ese mismo Capítulo III, Contexto, “Consejos de Guerra”, se sostiene:

“De modo que la declaración jurídica de guerra actuó como ficción legal y justificación política para acciones represivas sin correspondencia con el contexto de referencia, empleándose así los tribunales militares en tiempo de guerra.

“¿Cómo actuaron los consejos (de guerra) en discusión? En la práctica, contraviniendo su propia normativa, sólo se aplicaron sus procedimientos coercitivos, ignorando los demás efectos jurídicos de la guerra, pues no se reconoció el uso legítimo de la fuerza por parte de sus oponentes, tampoco se respetó el carácter y los derechos de los prisioneros, ni se consideró ninguno de los preceptos establecidos en las convenciones internacionales sobre la guerra. Téngase presente que en el derecho internacional, como testimonio del rechazo unánime y sin reservas a la tortura, ésta se encuentra proscrita de las leyes, incluso de las leyes de la guerra, en cuyo caso es lícito matar en el curso de acciones bélicas, pero nunca torturar. Es más, los fiscales, a quienes en materia penal competía instruir y sustanciar todos los procesos, recogiendo y consignando las pruebas pertinentes, deteniendo a los inculpados y produciendo los elementos de convicción que fueran del caso, representaron un eslabón más en la cadena de los agentes represores. En efecto, se limitaron a recibir y a consignar antecedentes contrarios a los inculpados, omitiendo toda actuación o diligencia que pudiera beneficiarlos y exculparlos, siendo que a ellos tocaba investigar la verdad de los hechos y reunir los antecedentes que sirvieran para comprobarlos. No obstante, las declaraciones de los inculpados nunca fueron investigadas, optándose por rechazarlas en beneficio de las pruebas oficiales.

O bien, en vez de interrogar personalmente a los implicados, a menudo los fiscales se conformaron con interrogatorios realizados por funcionarios desvinculados de los tribunales militares, en recintos ajenos a los mismos y mediante apremios que extraían confesiones ajustadas a los requerimientos de los torturadores. El análisis de los procesos revela que, actuando con sistemático descuido de la imparcialidad del debido proceso, los fiscales permitieron y aun propiciaron la tortura como método válido de interrogatorio.

Respecto a la actuación del PODER JUDICIAL durante el Estado de Guerra en Chile, el Informe Valech establece, en sus páginas 171 y 172:

“A la definición unilateral de una guerra inexistente y a la actuación irregular y punitiva de los consejos de guerra debe añadirse la abdicación, por parte de la Corte Suprema, de su facultad, establecida en la Constitución Política del Estado vigente al momento del golpe militar, para controlar y supervigilar a los tribunales militares en tiempo de guerra.

De esta manera, la Corte Suprema se desentendió de faltas y abusos cometidos por los tribunales militares, no sólo en su funcionamiento, sino también en sus resoluciones. Renunciando a su tuición sobre los consejos de guerra, tampoco objetó la ampliación arbitraria de su competencia, para incluir actos y conductas previos a la dictación del Estado de Sitio. Todo ello acarreó funestas consecuencias en lo concerniente al respeto a los derechos humanos, pues su exclusión jurisdiccional permitió las más graves violaciones a las personas y a la ley (...)

Es necesario precisar que la Corte Suprema no sólo cedió el terreno para la acción discrecional de las nuevas autoridades y sus agentes. Además, hizo caso omiso de los abusos cometidos contra personas dejadas en total indefensión frente a aquellas arbitrariedades. Y esto a pesar de que, desde el inicio, éstas fueron denunciadas con insistencia por los abogados defensores, quienes, aceptando por fuerza la normativa jurídica de tiempo de guerra, intentaron infructuosamente que se respetaran los tratados internacionales suscritos por Chile en la materia, con miras a hacer valer las garantías al trato humano de los prisioneros. En rigor, el máximo tribunal del país brindó su decidido apoyo al gobierno militar (...)

Puede leerse lo siguiente en la edición, correspondiente al 1 de marzo de 1974 del vespertino La Segunda: “El Presidente (de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano) que habla se ha podido imponer de que gran parte de los detenidos, que lo fueron en virtud de las disposiciones legales que rigen el estado de sitio, han sido puestos en libertad. Otros se encuentran procesados en los juzgados ordinarios o militares, y con respecto a aquellos que se encuentran detenidos en virtud de las facultades legales del estado de sitio en vigencia, se hace un esfuerzo para aliviar su situación de detenidos y clarificar cuanto antes su participación en actividades reñidas con la ley. Es de desear que este esfuerzo pueda terminar cuanto antes con la situación eventual en que se encuentran las familias afectadas”. (Fin de la cita del Informe Valech, el subrayado y destacado del texto es de mi autoría).

A este respecto, vengo en dar mi testimonio personal sobre una actuación específica del Presidente de la Corte Suprema de Chile, honorable magistrado don Enrique Urrutia Manzano:

“Durante el tiempo en que el prisionero de guerra Roberto Sapiains, por decisión del Fiscal de Ejército Mayor Fernando Torres Silva, permaneció procesado ante la Segunda Fiscalía Militar en Tiempo de Guerra de Santiago, fue notificado por exhorto, vía el Octavo Juzgado del Crimen de la ciudad de Santiago, de una diligencia realizada por el Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso en la causa Rol 91.239, que se había incoado el 28.09.73.

Se hizo así evidente que al estar el prisionero de guerra en Santiago y continuar siendo procesado en Valparaíso por un Tribunal de la Justicia Ordinaria, se le estaba impidiendo ejercer su legítimo derecho a defensa según las normas del debido proceso. Con este argumento el procesado Sapiains se presentó a la Primera Visita de Cárceles después del Golpe de Estado, realizada por el Presidente de la Corte Suprema don Enrique Urrutia Manzano, y procedió a explicar su situación según la diligencia notificada, presentando al magistrado el comprobante del exhorto. Su Señoría escuchó con atención y deferencia los argumentos del procesado, leyendo la notificación vía exhorto que éste le mostró, luego le pidió al Teniente de Gendarmería de apellido Olguín que informara sobre el caso.

El Oficial comenzó a leer el ‘curriculum’ del prisionero: Jefe del Plan Z en Valparaíso; Presidente de la Unidad Popular del Puerto; experto en armas, explosivos y artes marciales; Jefe de la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua que financiaba a la OLAS; Graduado en Cursos de Guerrillas Internacionales y con formación en Cursos de Estado Mayor de la Subversión Marxista; y condenado en dos Consejos de Guerra en Valparaíso por posesión de arsenales de armas y explosivos.

El Honorable Magistrado estaba indignado y con voz fuerte, llena de reproches, se dirigió al procesado con las siguientes palabras:

‘No te escaparás de la Justicia Militar creándote causas en la Justicia Ordinaria, fuera...fuera’.

3.- EN EL PODER LEGISLATIVO.-

De acuerdo a la decisión de RECHAZAR la Solicitud de una Comisión Investigadora sobre las Infracciones Graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, presentada por el infrascrito ante la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados el día 14 de noviembre de 2005. Esta decisión significa que “el Poder Legislativo Chileno NO está tomando ‘todas las oportunas medidas legislativas’ para sancionar a quienes han cometido Infracciones Graves al Convenio de Ginebra”.

Y TENIENDO PRESENTE:

A) Que las citadas actuaciones, que afectan a los tres Poderes del Estado de Chile, infraccionan gravemente los artículos 3, 129, 130, 131 y 132 del Convenio de Ginebra, y violan expresamente el inciso 3º, del artículo 129, que ordena:

B) Que el compromiso de VERDAD Y JUSTICIA hace indispensable que: “los casos de Infracción Grave al Convenio de Ginebra, ocurridos durante el período definido jurídicamente como ‘Estado de Guerra Interna en Chile’, SEAN INVESTIGADOS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS SIN APLICAR NI AMNISTÍA NI PRESCRIPCIÓN QUE IMPIDA CONOCER ‘TODA LA VERDAD’ SOBRE LO OCURRIDO, PARTE DE LA CUAL HA QUEDADO ‘A FIRME’ EN EL INFORME FINAL DE LA COMISIÓN VALECH”.

Por tanto,

SOLICITO RESPETUOSAMENTE al señor Intendente de la Quinta Región de Valparaíso, don Luis Guastavino Córdova, que defina públicamente su posición RESPECTO A LAS CITADAS ACTUACIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DE CHILE, considerando los siguientes antecedentes:

1) Que a comienzos del mes de junio de 1973, el señor Aristóteles Berlendis, Serenísimo Gran Maestro de la Masonería de Chile, aplicó la sanción de “poner en sueño” a la Logia Pedro Aguirre Cerda, en la cual participaban la mayoría de los políticos de izquierda miembros de esa Honorable Institución, incluyendo al Presidente de la República Dr. Salvador Allende, en el grado de Maestro. Esta sanción causó un gran impacto al Presidente Allende y a todo su equipo de gobierno, de lo cual fui testigo presencial, y, debo decirlo, constituyó el Primer Golpe en el camino hacia el 11 de septiembre de 1973. Así lo manifestó el mismo Presidente Allende en un emocionado Mensaje al país desde el entonces edificio de la UNCTAD, en Santiago de Chile.

2) Se ha establecido, más allá de toda duda razonable, que la CAUSA de esa SANCIÓN era totalmente falsa, ya que el Presidente Allende NO estaba preparando un Autogolpe de Estado para imponer la Dictadura del Marxismo Revolucionario al estilo Cubano en Chile. Esta acusación fue planteada en el presunto PLAN ZETA y todos quienes fuimos acusados de participar en ese Plan, hemos logrado probar finalmente la total falsedad de esa acusación.

Así lo reconoce el Informe Valech, al establecer ‘a firme’ que:

3) Que yo, Roberto Sapiains Rodríguez, dirigente provincial del Comité de la Unidad Popular en Valparaíso, en representación del Partido Izquierda Cristiana, aprobé la decisión del Comité Provincial, tomada en el mes de julio de 1973, de crear una Coordinadora de los Aparatos Armados de los partidos de la Unidad Popular en Valparaíso para defender al Gobierno del presidente Allende de una eventual Ofensiva Armada Golpista. Me permito recordarle que usted, como representante del Partido Comunista al Comité Provincial, también votó a favor de dicha decisión. Además, usted participó en mi designación en el cargo de COORDINADOR entre el Comité Provincial de la Unidad Popular y la citada Coordinadora de Aparatos Armados, sin que ésto implicara Mando Directo de mi parte sobre ninguno de los Aparatos Armados de cada partido.

4) Que estoy convencido de que si usted hubiera sido capturado por algún Destacamento de Comandos de Infantería de Marina le hubiera ocurrido lo mismo que a mí me ocurrió y hubiera tenido que enfrentar Consejos de Guerra acusado de ser el Líder de los Prisioneros de Guerra de Valparaíso. Entiendo entonces que usted relate al diario El Mercurio de Valparaíso del día Domingo 4 de septiembre de 2005, “la odisea que vivió mientras estuvo oculto en este Puerto, entre el 11 de septiembre y fines de octubre de 1973, cuando fue llevado a Santiago para que se asilara” También entiendo su indignación respecto a las “falsas acusaciones” propaladas por la prensa de la Junta Militar, tanto sobre su huída “vestido de mujer” como sobre “los 145 mil dólares y siete millones de escudos en billetes de cinco mil, que todavía no salían a la circulación y que estaban en pliegos sin cortar”. Fueron efectivamente “malévolos procedimientos perpetrados a mansalva” como usted lo señala a esa publicación de El Mercurio, y la mayoría de nosotros sentimos la misma indignación respecto de ellos.

5) Pero, a mí personalmente siempre me extrañó que los comunistas negaran tan firmemente las “falsas acusaciones” respecto a su persona, como dirigente del P.C en Valparaíso, y, a la vez, creyeran con tanta facilidad esas mismas acusaciones cuando fueron formuladas en mi contra como Dirigente Provincial de la Unidad Popular. Debo reconocer sí algunas importantes diferencias entre su caso y el mío: Respecto al dinero, yo tenía en mi domicilio particular dinero efectivo en la cantidad total de 14.500.000 de escudos, fondos públicos que pertenecían a la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua, CORDVAC, y que estaban legalmente bajo mi custodia personal. De la misma forma, mantenía en mi casa la cantidad de 85.000 dólares en billetes. Además de valores financieros, como libretas de ahorro y Certificados de Ahorro Reajustables, y dinero efectivo adicional en fajos de billetes de quinientos y cien escudos, por un valor total aproximado de 15.000.000 de escudos. Sin embargo, “las falsas acusaciones” consistieron en acusarme vía El Mercurio y La Estrella de Valparaíso de esa época, de haber cometido el presunto delito de malversación de caudales públicos, precisamente con los dineros de la CORDVAC, que una vez incautados por la Fiscalía Naval los hicieron “desaparecer” y nunca fueron reintegrados a la Corporación.

6) Otra de las importantes diferencias entre su caso y el mío, es que yo decidí quedarme a cumplir con mis responsabilidades respecto a los compañeros de base de los partidos de la Unidad Popular, que obedeciendo nuestras órdenes como dirigentes de la UP en Valparaíso, se habían acuartelado para resistir la Ofensiva Armada del Fascismo Golpista. No critico a quienes tuvieron que arrancar a asilarse, ya sea con o sin Orden de Partido, sólo me permito establecer la diferencia que para mí en muy importante como cuestión de honor. Debido a mi actitud de asumir responsabilidades fui acusado, procesado y condenado como Criminal de Guerra por un Consejo de Guerra Naval que infraccionó gravemente el Convenio de Ginebra Relativo al Trato de prisioneros de Guerra, ley internacional vigente en Chile desde el año 1951 y aplicable a la situación en virtud del Decreto ley Nº 5, que declaró jurídicamente el Estado de Guerra en Chile, a contar del 11 de septiembre de 1973. Esta es la situación que hoy día muchos compañeros del pasado están negando, no queriendo reconocer la situación de miles de prisioneros de guerra en Chile que vieron violados flagrantemente todos sus derechos humanos, como lo ha comprobado el Informe Valech en los párrafos que me he permitido citar.

7) Por lo tanto, le solicito respetuosamente señor Intendente de la Quinta Región de Valparaíso, don Luis Guastavino Córdova, que usted defina públicamente su posición respecto a la aceptación íntegra del Informe Valech y manifieste su rechazo a la decisión del señor Presidente de la República de Chile, don Ricardo Lagos Escobar, de “declarar secretos, por al menos 50 años, los antecedentes recolectados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”, lo que obviamente nos impide a todos los que fuimos Calificados en la Lista Nacional del Informe Valech, de hacer uso de dichos antecedentes para incoar causas judiciales que se fundamenten en el testimonio rendido ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura presidida por Monseñor Valech.

Es Justicia.

Roberto Sapiains Rodríguez

Ex-prisionero de guerra de Valparaíso

RUT 4.827.910 - 4

VALPARAÍSO, 25 de Diciembre de 2005.-

CARTA ABIERTA A LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE CHILE.

2005-12-19T15:02:00.000-08:00

CARTA ABIERTA A LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE CHILE.

Me permito dirigirme a ustedes haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Chile, que establece:

“La Constitución asegura a todas las personas:

14º. El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.

CONSIDERANDO:

QUE EL ESTADO DE CHILE ESTÁ REALIZANDO ACTOS CONTRARIOS AL CONVENIO DE GINEBRA RELATIVO AL TRATO DE PRISIONEROS DE GUERRA, EN LAS SITUACIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.- EN EL PODER JUDICIAL.-

De acuerdo al fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, MÁXIMO TRIBUNAL DEL PAÍS, de fecha 5 de agosto de 2005, que ha rechazado APLICAR el Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra al período de tiempo declarado como Estado de Guerra Interna en Chile por el Decreto Ley Nº 5, dictado por la Junta Militar el 12 de septiembre de 1973. Este período de guerra interna en nuestro país se extendió desde el mismo 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1978.

Por su parte, en el voto de minoría los ministros Enrique Cury y Jaime Rodríguez Espoz, estimaron que el caso es imprescriptible porque el día en que ocurrieron los hechos el territorio nacional se encontraba jurídicamente en estado de guerra interna por el estado de sitio decretado por la autoridad. Los magistrados sostuvieron, además, que: "no es admisible que los mismos que se asilaron en las ventajas que les concedía la referida declaración de estado de guerra (...) pretendan ahora desconocer su valor para ignorar las sanciones que al quebrantamiento de las leyes de tal estado y las limitaciones que a la autoexoneración respecto de ellas imponen los Convenios Internacionales”.

2.- EN EL PODER EJECUTIVO.-

De acuerdo a la decisión del Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, de “declarar secretos por al menos 50 años los antecedentes recolectados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”. Esta Comisión Nacional emitió un Informe Final, conocido como el Informe Valech, en el cual constata fehacientemente las Infracciones Graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra cometidas por la Dictadura de Pinochet, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978:

Sobre el “Tiempo de Guerra”, el Informe Valech establece en la página 163, Capítulo III, Contexto, “Declaración de Estado de Guerra”, lo siguiente:

“…la Junta suspendió las garantías individuales desde el mismo 11 de septiembre de 1973. Para fundamentar esa medida, alegó la existencia de un cuadro de conmoción interna atribuido a la existencia de fuerzas rebeldes o sediciosas, se decretó el estado de sitio en todo el territorio nacional y el estado de emergencia en determinadas provincias y departamentos. Como señaló el Decreto Ley Nº 5, publicado en el Diario Oficial del 22 de septiembre de 1973, el ‘estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias que vive el país’, debía considerarse como un ‘estado o tiempo de guerra’ sometido al régimen jurídico que el Código de Justicia Militar y otras leyes penales contemplan para tales situaciones críticas. Esta preceptiva no hacía otra cosa que retirar de manos de la justicia ordinaria en beneficio de la justicia militar de tiempo de guerra el ‘conocimiento y la decisión de las causas por infracción a las normas sobre estado de sitio’”.

En ese mismo Capítulo III, Contexto, “Consejos de Guerra”, se sostiene:

“¿Cómo actuaron los consejos en discusión? En la práctica, contraviniendo su propia normativa, sólo se aplicaron sus procedimientos coercitivos, ignorando los demás efectos jurídicos de la guerra, pues no se reconoció el uso legítimo de la fuerza por parte de sus oponentes, tampoco se respetó el carácter y los derechos de los prisioneros, ni se consideró ninguno de los preceptos establecidos en las convenciones internacionales sobre la guerra. Téngase presente que en el derecho internacional, como testimonio del rechazo unánime y sin reservas a la tortura, ésta se encuentra proscrita de las leyes, incluso de las leyes de la guerra, en cuyo caso es lícito matar en el curso de acciones bélicas, pero nunca torturar. Es más, los fiscales, a quienes en materia penal competía instruir y sustanciar todos los procesos, recogiendo y consignando las pruebas pertinentes, deteniendo a los inculpados y produciendo los elementos de convicción que fueran del caso, representaron un eslabón más en la cadena de los agentes represores. En efecto, se limitaron a recibir y a consignar antecedentes contrarios a los inculpados, omitiendo toda actuación o diligencia que pudiera beneficiarlos y exculparlos, siendo que a ellos tocaba investigar la verdad de los hechos y reunir los antecedentes que sirvieran para comprobarlos. No obstante, las declaraciones de los inculpados nunca fueron investigadas, optándose por rechazarlas en beneficio de las pruebas oficiales.

O bien, en vez de interrogar personalmente a los implicados, a menudo los fiscales se conformaron con interrogatorios realizados por funcionarios desvinculados de los tribunales militares, en recintos ajenos a los mismos y mediante apremios que extraían confesiones ajustadas a los requerimientos de los torturadores. El análisis de los procesos revela que, actuando con sistemático descuido de la imparcialidad del debido proceso, los fiscales permitieron y aun propiciaron la tortura como método válido de interrogatorio.

En cuanto a la violación tanto del derecho a la legítima defensa como de las garantías del debido proceso establecidas en los artículos 183, 184 y 121 del Código de Justicia Militar, en relación al artículo 67 del Código de Procedimiento Penal; al artículo 18 de la Constitución Política de 1925; y al artículo 105 del Convenio de Ginebra relativo al trato dado a los prisioneros de guerra, el Informe Valech sostiene que: “En tales tribunales militares la norma fue la violación de esos derechos y garantías.” (Ver nota al pie de la página 167 del Informe).

Respecto a la actuación del PODER JUDICIAL durante el Estado de Guerra en Chile, el Informe Valech establece, en sus páginas 171 y 172:

De esta manera, la Corte Suprema se desentendió de faltas y abusos cometidos por los tribunales militares, no sólo en su funcionamiento, sino también en sus resoluciones. Renunciando a su tuición sobre los consejos de guerra, tampoco objetó la ampliación arbitraria de su competencia, para incluir actos y conductas previos a la dictación del Estado de Sitio. Todo ello acarreó funestas consecuencias en lo concerniente al respeto a los derechos humanos, pues su exclusión jurisdiccional permitió las más graves violaciones a las personas y a la ley (...)

3.- EN EL PODER LEGISLATIVO.-

De acuerdo a la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados de RECHAZAR la Solicitud de una Comisión Investigadora sobre las Infracciones Graves al Convenio de Ginebra Relativa al Trato de prisioneros de Guerra, presentada el 14 de noviembre de 1973 ante esa Honorable Cámara. Esta decisión siginifica que: “el Poder Legislativo NO ha tomado todas las oportunas medidas legislativas para sancionar a quienes han cometido Infracciones Graves al Convenio de Ginebra”.

Debido a que las actuaciones indicadas infraccionan gravemente los artículos 3, 129, 130, 131 y 132 , violando el inciso 3º, del artículo 129, que ordena: “Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio”.

SOLICITO RESPETUOSAMENTE:

Que respondiendo a las exigencias básicas de VERDAD Y JUSTICIA ambas candidaturas prometan solemnemente que: “los casos de Infracción Grave al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, período definido jurídicamente como ‘Estado de Guerra Interna en Chile’, SERÁN INVESTIGADOS POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE CHILE SIN APLICAR NI AMNISTÍA NI PRESCRIPCIÓN QUE IMPIDA CONOCER TODA LA VERDAD SOBRE LO SUCEDIDO, PARTE DE LA CUAL HA QUEDADO ‘A FIRME’ EN EL INFORME FINAL DE LA COMISIÓN VALECH”.

Para estos efectos solicito respetuosamente, a ambos CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, un Compromiso Público de Honor para los siguientes efectos:

1.- Revocar la decisión del actual Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, de “declarar SECRETOS por al menos 50 años los antecedentes recolectados y comprobados por la INVESTIGACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA”. Así, se facilitará que las personas que fuimos CALIFICADAS EN LA LISTA NACIONAL tengamos la opción, tanto de referirnos públicamente a dichos antecedentes como de autorizar formalmente a otras instituciones, para requerir de la Comisión Valech la necesaria y suficiente información, en pro de la REPARACION del daño causado por las actuaciones ilegales de la Autoridad Militar de Facto durante el Estado de Guerra de la Dictadura de Pinochet.

4.- Declarar formalmente que bajo su eventual Gobierno: “SE VELARÁ POR LA APLICACIÓN DE LA LEY INTERNACIONAL EN CHILE RESPETANDO LOS TRATADOS RATIFICADOS SOLEMNEMENTE POR NUESTRO PAÍS”.

Es Justicia.

Roberto Sapiains Rodríguez

Ex-prisionero de guerra de Valparaíso

RUT 4.827.910 - 4

VALPARAÍSO, 19 de Diciembre de 2005.-

Mensaje a los Ex-prisioneros de guerra de Valparaíso, extensivo a las personas Calificadas en la Lista Nacional de la Comisión Valech.

2005-12-06T11:14:00.000-08:00

PRESENTACIÓN ANTE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, CAMARA DE DIPUTADOS

2005-11-17T08:22:00.000-08:00

SEÑORES

HONORABLES DIPUTADOS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

REF: Solicita formación de Comisión Investigadora sobre las Infracciones Graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra que indica.

Roberto Sapiains Rodríguez, Chileno, RUT 4.827.910–4, Cientista Político y Administrador Público, títulos obtenidos en la Universidad de Chile el año 1966 y 1970, respectivamente. Ex-Dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile de Valparaíso, a contar del año 1964. Ex-Dirigente de la UFUCH, Unión de Federaciones Universitarias de Chile (1965–1967). Ex-Dirigente de la Reforma Universitaria, Miembro de la Comisión Paritaria de Reforma de la Universidad de Chile de Valparaíso y Delegado a la Comisión Nacional de Reforma de la Universidad de Chile, año 1968. Ex-Jefe Nacional de la Democracia Cristiana Universitaria (1969 - 1970). Ex-Profesor y Senador Académico de la Universidad de Chile de Valparaíso (1970 - 1973). Ex-Consejero Provincial del Partido Demócrata Cristiano en Valparaíso, renunciando a este Partido en el mes de octubre de 1971, para formar la Izquierda Cristiana. Ex-Jefe Provincial del Partido Izquierda Cristiana en Valparaíso (1972-1973). Ex-Presidente del Comité Provincial de la Unidad Popular de Valparaíso, en representación del Partido Izquierda Cristiana en 1973. Ex-Funcionario público en el Servicio Nacional de Aduanas y en ejercicio, al 11 de septiembre de 1973, de un Cargo de Confianza del Presidente de la República Dr. Salvador Allende, como Director de Administración y Finanzas de la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua (CORDVAC). Ex-Prisionero de Guerra desde el 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1978, período declarado como “Estado de Guerra” en Chile por el Decreto Ley Nº 5, dictado el 12 de septiembre de 1973, como lo ha reconocido oficialmente el Informe Valech. Procesado y condenado, simultánea y paralelamente, tanto ante los Tribunales Militares de Tiempo de Guerra como ante los Tribunales de la Justicia Ordinaria, en infracción grave a los artículos 82 al 87, 99, 100, y 102 al 108, del Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra. Reconocido y protegido como Prisionero de Guerra por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se hizo presente en Chile durante el Estado de Guerra Interna y “ofreció sus servicios a las Partes en conflicto”, de acuerdo al artículo 3º del Convenio de Ginebra. Reconocido y protegido por el Grupo de Trabajo Ad hoc de DD.HH de las Naciones Unidas que visitó Chile en Julio de 1978, y que logró que se dictara el Decreto Supremo Nº 1279, de fecha 20 de septiembre de 1978, que conmutó las sentencias de prisión por extrañamiento y ordenó mi expulsión del país, la que se concretó el 23 de octubre con destino a Londres, Inglaterra, bajo protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Exiliado en Inglaterra con el status de Refugiado Político desde el 24 de octubre de 1978 hasta el 19 de febrero de 1992. Retornado a Chile y actualmente reconocido con el Nº 22.845, en la Lista Oficial de Personas Calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

A sus Honorables Señorías, respetuosamente digo:

- Que el artículo 19, Nº 14º, de la Constitución Política del Estado de Chile de 1980, actualmente vigente en nuestro país, expresa:

“La Constitución asegura a todas las personas:

14º. El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.

- Que el artículo 129 del Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, establece:

“Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente.

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes.

Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio.

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del presente Convenio.”

- Que el artículo 130, de ese mismo Convenio de Ginebra, señala que:

“Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física y la salud, el hecho de forzar a un prisionero de guerra a servir a las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarlo de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio.”

Que en virtud de las disposiciones legales mencionadas, vengo en solicitar respetuosamente a sus Honorables Señorías se forme una Comisión Investigadora sobre las siguientes Infracciones Graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra:

1.- LA TORTURA.-

A) Tortura, aplicada por Comandos de Infantería de Marina en la Comandancia de la Primera Zona Naval de Valparaíso, entre el 11 y el 12 de septiembre de 1973, para obtener Declaraciones Extrajudiciales Autoinculpatorias, según descripción detallada presentada ante la Comisión Valech. Estas declaraciones fueron usadas ilegalmente por el Fiscal Naval, Capitán de Fragata Hernando Morales, para procesarme por el Crimen de Guerra de Infracción a la Ley 17.798 sobre Control de Armas, en la Fiscalía Naval de Tiempo de Guerra, a contar del 12 de septiembre de 1973. En este proceso debí enfrentar un Consejo de Guerra, en causa Rol A-17, realizado con fecha 11 de octubre de 1973.

También las usó ilegalmente para fundamentar la acusación que presentó ante el Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso, por el presunto delito de Contrabando, en causa Rol 91.239, iniciada el 28 de septiembre de 1973.

Así quedé procesado, simultánea y paralelamente, ante un Tribunal Militar de Tiempo de Guerra y ante un Tribunal de la Justicia Ordinaria, por delitos que supuestamente se habrían cometido antes del 11 de septiembre de 1973.

B) Tortura, aplicada por Comandos de Infantería de Marina en el Cuartel Silva Palma de Valparaíso, entre el 28 de diciembre y el 6 de enero de 1974, para obtener Declaraciones Extrajudiciales Autoinculpatorias, según descripción resumida presentada ante la Comisión Valech. Estas declaraciones fueron usadas ilegalmente por el Teniente Primero Diego Alliende, fiscal auxiliar, para procesarme por el Crimen de Guerra de Infracción a la Ley 17.798 sobre Control de Armas, en la Fiscalía Naval de Tiempo de Guerra, a contar de 7 de enero de 1974. En este proceso debí enfrentar un Consejo de Guerra, en causa Rol A-137, realizado con fecha 8 de febrero de 1974.

C) Tortura, aplicada por personal médico de guardia en el Hospital Naval Almirante Nef y por Comandos de Infantería de Marina en el Cuartel Silva Palma de Valparaíso, entre el 16 y el 21 de junio de 1974, para obtener declaraciones sobre el Motín de Prisioneros de Guerra que habría ocurrido en la Cárcel Presidio de Valparaíso.

Las declaraciones que formulé bajo la influencia del pentotal sódico, fueron idénticas a las que obtuvieron los Comandos de Infantería de Marina usando apremios ilegítimos, tortura, en su interrogatorio, según descripción resumida presentada ante la Comisión Valech.

En ambas situaciones “declaré” que la acusación de “Motín de Prisioneros de Guerra” correspondía a una aplicación errónea que hacían los Oficiales de Gendarmería de Chile del Reglamento de Prisiones.

En efecto, el procedimiento para vigilar y tratar a los “internos” en los recintos en que se encontraban recluídos, de acuerdo al Reglamento del Servicio de Prisiones, violaba los derechos que la legislación internacional garantizaba a los prisioneros de guerra.

En consecuencia, mi actitud permanente fue denunciar ante el Comité Internacional de la Cruz Roja las violaciones al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra. Lógicamente que al hacerlo yo violaba la normativa del Reglamento Interno de Prisiones.

La situación fue evaluada por los Oficiales de Inteligencia Naval que me interrogaban y concluyeron que la acusación no correspondía a un Motín, sino sólo a cuestiones disciplinarias. Sin embargo, la “noticia” sobre el “Motín” ya había sido publicada aparatosamente por El Mercurio de Valparaíso y reproducida a nivel nacional. El sensacionalismo y la novedad de que se reconociera públicamente, en la prensa escrita “sometida a censura previa”, que habían Prisioneros de Guerra en la Cárcel Presidio de Valparaíso, causó la reacción del Gobierno Militar que tomó el control de la situación ordenando mi traslado a la capital, Santiago de Chile.

D) Tortura, aplicada por personal de la DINA en el Cuartel de Londres 38, Santiago, entre el 21 de agosto y el 5 de septiembre de 1974, para obtener una Declaración Extrajudicial que me inculpara como Organizador y Cabecilla del Motín de Prisioneros de Guerra que habría ocurrido el 16 de junio de 1974, en la Cárcel Presidio de Valparaíso. Esta declaración fue usada ilegalmente por el Fiscal de Ejército, Mayor Fernando Torres Silva, para procesarme ante la Segunda Fiscalía Militar de Tiempo de Guerra de Santiago, por el presunto delito de “haber sido el Organizador y Cabecilla del Motín de Prisioneros de Guerra, en la Cárcel Presidio de Valparaíso, el 16 de junio de 1974”, solicitando la pena de muerte para el acusado.

Extrañamente esta causa sin rol, se sobreseyó en el mes de diciembre de 1974, como si jamás hubiera existido. Hasta el día de hoy desconozco las razones del sobreseimiento, pero jamás olvidaré al Fiscal Militar, Mayor Fernando Torres Silva, y mi visita obligada a Londres 38.

LOS HECHOS.-

Declaro, libre y voluntariamente, que autorizo a los señores Honorables Diputados para que requieran el texto íntegro de la declaración presentada por el solicitante ante la Comisión Valech, especialmente el documento adicional titulado “Los Hechos”, que contiene tanto la Descripción de la Tortura como las Declaraciones que firmé como resultado de la tortura, relacionado con la letra A) de esta presentación.

Respecto a las letras B), C) y D), lo declarado ante la Comisión Valech fue de carácter general y muy resumido, debido tanto al poco espacio disponible en la “Ficha de Ingreso Preso Político y/o Torturado” distribuida por la Comisión, como al hecho de que estuve enfermo y hospitalizado, con diagnóstico de anemia aguda debido a sangramiento interno, durante una parte del plazo de presentación de antecedentes ante esa Comisión.

Por lo tanto, ahora que estoy en mejores condiciones de salud, puedo ofrecer a ustedes una descripción circunstanciada y detallada, en documentos adicionales, que entregaré libre y voluntariamente cuando me sean solicitados por sus Honorables Señorías.

La evidencia de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.-

En su publicación final conocida como el “Informe Valech”, la Comisión ha constatado la evidencia de la Tortura.

En la página 166, subtítulo “CONSEJOS DE GUERRA”, del Capítulo III, “CONTEXTO”, se puede leer lo siguiente:

“¿Cómo actuaron los consejos en discusión? En la práctica, contraviniendo su propia normativa, sólo se aplicaron sus procedimientos coercitivos, ignorando los demás efectos jurídicos de la guerra, pues no se reconoció el uso legítimo de la fuerza por parte de sus oponentes, tampoco se respetó el carácter y los derechos de los prisioneros, ni se consideró ninguno de los preceptos establecidos en las convenciones internacionales sobre la guerra.

Téngase presente que en el derecho internacional, como testimonio del rechazo unánime y sin reservas a la tortura, ésta se encuentra proscrita de las leyes, incluso de las leyes de la guerra, en cuyo caso es lícito matar en el curso de acciones bélicas, pero nunca torturar.

Es más, los fiscales, a quienes en materia penal competía instruir y sustanciar todos los procesos, recogiendo y consignando las pruebas pertinentes, deteniendo a los inculpados y produciendo los elementos de convicción que fueran del caso, representaron un eslabón más en la cadena de los agentes represores.

En efecto, se limitaron a recibir y a consignar antecedentes contrarios a los inculpados, omitiendo toda actuación o diligencia que pudiera beneficiarlos y exculparlos, siendo que a ellos tocaba investigar la verdad de los hechos y reunir los antecedentes que sirvieran para comprobarlos. No obstante, las declaraciones de los inculpados nunca fueron investigadas, optándose por rechazarlas en beneficio de las pruebas oficiales.

El análisis de los procesos revela que, actuando con sistemático descuido de la imparcialidad del debido proceso, los fiscales permitieron y aún propiciaron la tortura como método válido de interrogatorio. Igual puede decirse de otros miembros de los Tribunales Militares que –es el caso de los auditores- privilegiaron la misión punitiva de los mismos,

Tampoco se reconoció el derecho a la legítima defensa. En todo procedimiento penal los imputados gozan de diversos derechos y garantías. Por ejemplo, que se les informe de manera específica y clara de los hechos que se les imputan; ser asistidos por un abogado desde los actos iniciales de la investigación; solicitar que se active la misma y conocer su contenido; solicitar el sobreseimiento de la causa; guardar silencio o declarar sin juramento; y no ser sometidos a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. No obstante, los imputados por los tribunales militares en tiempo de guerra a contar de 1973 casi nunca gozaron de los derechos antes señalados.”

Por los antecedentes expuestos, vengo en denunciar ante sus Honorables Señorías, tanto al Fiscal Naval de Guerra, Capitán de Fragata Hernando Morales, al Teniente Primero Diego Alliende, al personal médico de guardia en el Hospital Naval “Almirante Nef” y a los Comandos de Infantería de Marina que aplicaron la Tortura en la Comandancia de la Primera Zona Naval y en el Cuartel Silva Palma de Valparaíso, como al Fiscal de Guerra del Ejército, Mayor Fernando Torres Silva, y al personal del Ejército de Chile que aplicaron la Tortura en el Cuartel de la DINA de Londres 38, Santiago de Chile.

Todos ellos cometieron una violación grave al artículo 3º, Nº 1), letra a), que prohibe, en cualquier tiempo y lugar, “LA TORTURA”, violación que es calificada por el artículo 130, como Infracción Grave al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra.

2.- EL HECHO DE CAUSAR DELIBERADAMENTE GRANDES SUFRIMIENTOS A UN PRISIONERO DE GUERRA.

Debido a las falsas acusaciones que, con gran publicidad en los medios de prensa escrita de la época, se formularon en mi contra como parte integral de la Propaganda de Guerra de la Junta Militar que buscaba crear un “Enemigo Interno” que justificara la presunta “Guerra Interna”, la que se usó como motivo y fundamento del Decreto Ley Nº 5, de 12 de septiembre de 1973, que declaró el “Estado de Guerra en Chile”.

LOS HECHOS.-

Las falsas acusaciones denunciadas fueron ampliamente difundidas por: el diario El Mercurio de Valparaíso de fecha 12 de septiembre de 1973; por el diario vespertino La Estrella de Valparaíso de la misma fecha; por El Mercurio de Valparaíso del 12 de octubre de 1973; por el diario nacional “La Tercera de la Hora” del 11 de noviembre de 1973; por el diario El Mercurio de Valparaíso del 17 de junio de 1974; por la publicación del “Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile”; por la publicación internacional del libro titulado “CHILE: The Crime of Resistance” de la autora Susanne Lavín; y finalmente, por el reportaje de Revista Ercilla “Los escándales del Allendismo”, publicación de la primera edición después del Golpe de Estado, en el que figuramos cinco funcionarios públicos, incluyendo al propio Presidente Salvador Allende, de todos los cuales soy el único sobreviviente.

Las publicaciones mencionadas me involucraron calumniosamente en:

A) La participación, con el grado de Oficial Superior, en los Aparatos Armados Extremistas del Marxismo Revolucionario que llevarían a cabo el presunto Plan Z. Al negarme a colaborar en la denuncia pública del Plan Zeta a través de la Televisión de Valparaíso, (en la cual se me propuso aparecer para leer un Comunicado, elaborado por los interrogadores, que denunciaba a los Marxistas Revolucionarios como los únicos responsables de dicho Plan Z y sostenía que los sectores laicos y cristianos de la Unidad Popular ignorábamos su existencia), los Oficiales de Inteligencia Naval me sometieron a apremios ilegítimos, tortura, para firmar una Declaración Extrajudicial en la que me autoinculpaba de pertenecer a la Dirección Regional que coordinaría las actividades del Plan Z en esta zona, entre los aparatos armados de la UP y los marinos de la Armada que habían estado involucrados en el caso del Motín de la Escuadra en Valparaíso.

En esa Declaración, el Plan Z era definido como un intento de autogolpe en el cual el Marxismo Revolucionario procedería al asesinato masivo de los Altos Oficiales de las Fuerzas Armadas Chilenas y de los dirigentes políticos y gremiales de oposición al Gobierno del Presidente Allende. Este Plan Z habría estado dirigido por un Estado Mayor, conformado por: Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista de Chile; Miguel Enriquez, Secretario General del MIR; y Oscar Garretón, Secretario General del MAPU, secundados por “cubanitos”, (nombre que se les daba a quienes siendo chilenos habían realizado entrenamiento militar en Cuba, pasando algunos de ellos a formar parte de los Servicios Secretos Cubanos), y financiado por la OLAS, que, a su vez, recibiría ilegalmente Fondos Fiscales de las Empresas del Estado de Chile, como la CORDVAC. Este Estado Mayor habría actuado con Asesoría Directa de Altos Oficiales del Servicio Secreto Cubano, al mando de una División de 13.000 cubanos apostados en Santiago, y con personal infiltrado en la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército y Carabineros de Chile, los cuales se coordinarían con la Dirección General de Investigaciones, cuyos Jefes Superiores dirigirían las Operaciones de Exterminio a nivel nacional.

En Valparaíso, los Jefes Regionales del Plan Z éramos (según los interrogadores): Emilio Contardo H., dirigente del partido socialista y Vicepresidente Ejecutivo de la CORDVAC; Roberto Sapiains, dirigente del Partido Izquierda Cristiana y Director de Administración y Finanzas de la CORDVAC (que financiaría a la OLAS); Rodrigo González, dirigente del MAPU y Jefe del Aparato Armado de ese Partido en Valparaíso; y los dirigentes del MIR en Valparaíso: Ricardo Froeden (Enrique), Secretario Regional del MIR; Mario Calderón, Jefe del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR); y Carlos Díaz Cáceres (Pechuga de buque o Agustín), Jefe de Frente F (armado) en el MIR Regional y acusado también de Infiltrar a la Armada de Chile en Valparaíso, en el proceso sobre el Motín de la Escuadra.

A este respecto, el Informe Final de la Comisión Valech señala: “Los esfuerzos de propaganda del régimen buscaron crear –con el apoyo de los medios de comunicación partidarios, que amplificaban la versión oficial de los hechos- un clima de opinión favorable a la aplicación de acciones punitivas. Resulta ilustrativo el presunto Plan Z, que habría definido genéricamente las víctimas en la mira de la izquierda abocada a la conquista del poder total por medio de la fuerza, y que evidencia, por parte de los militares y de sus colaboradores civiles, la pretensión de disculpar las medidas represivas, así presentadas como actos de legítima defensa. El Plan Z destacaba entre los alarmantes hallazgos consignados en el Libro blanco del cambio de gobierno en Chile, obra redactada para suscitar apoyo emocional al golpe militar y sus consecuencias, ilustrada con fotos del “armamento de guerra pesado y liviano encontrado por las fuerzas militares y de orden en los arsenales de la Unidad Popular”. Este libro, cuyas revelaciones nunca han podido ser validadas empíricamente, presentaba al pronunciamiento militar como la oportuna y justa reacción al inminente autogolpe de la Unidad Popular. La “parte más siniestra de dicho operativo –se informaba a la desprevenida población del país- era el exterminio simultáneo, en todo el país, de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, así como de dirigentes políticos y gremiales opositores. Se perseguía, con este golpe criminal, que debía iniciarse el 17 de septiembre, paralizar por el terror toda resistencia a la dictadura de la Unidad Popular, que se implantaría de inmediato”. Debe consignarse que el Libro blanco serviría como prueba inculpatoria en procesos llevados a cabo por tribunales militares, lo que constituía una violación a las normas imperantes de admisibilidad de los medios de prueba. Entre los partidarios del golpe militar, tampoco debe desestimarse su papel legitimador de la violencia política, acompañada de indulgencia ante los atropellos al imperio del Derecho, incluso al interior del Poder Judicial”. Fin de la cita, a la cual yo agrego lo siguiente: “Que el Poder Judicial, desde la Juez del Tercer Juzgado del Crimen y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, a la misma Corte Suprema de Justicia, también utilizó esa publicación como prueba inculpatoria en los procesos que enfrenté ante los Tribunales Ordinarios, ya que en el Libro Blanco mi nombre aparece expresamente relacionado con el capítulo titulado Los Escándalos Financieros del Allendismo”.

Las publicaciones de los diarios El Mercurio de Valparaíso y La Estrella de esta misma ciudad, de fecha 12 de septiembre de 1973, al informar sobre el allanamiento a mi domicilio particular, mi detención y la incautación de: gran cantidad de Objetos de Valor, gran cantidad de dinero nacional y extranjero, (dólares en billetes), varias libretas de ahorro y Certificados de Ahorro Reajustable (CAR), y de dos talonarios de cheques del Banco del Estado de Chile, correspondientes a la Cuenta Unica Fiscal de la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua), sostenían textualmente: “En el talonario se comprobó que había partidas de dinero a favor del propio Roberto Sapiains por elevadas sumas, a favor de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que fuera presidida por Salvador Allende y a favor de una persona o institución identificada por las iniciales de I.M.M.V. por una suma superior a los diez millones de escudos”.

De esta forma se cerraba el círculo de la Propaganda de Guerra, ya que Roberto Sapiains era (según ellos): “Jefe de la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua y connotado dirigente regional del régimen depuesto”; “entregaba dineros fiscales a la OLAS y a otras instituciones sospechosas”; “había girado elevadas sumas a su propio favor”; “tenía un carnet de ejecutivo de la Unidad Popular Nº 863”; “mantenía en su poder una metralleta con dos cargadores completos y un rifle”; y “mantenía en una pieza oculta una extraordinaria cantidad de artículos de procedencia importada, que presumiblemente estaban destinados al mercado negro”.

Jamás se dijo en la prensa que yo era profesor de la Universidad de Chile de Valparaíso, que había sido miembro de la Dirección de esa misma Universidad al crearse la Vice-rectoría el año 1968, y que había ejercido el cargo de Senador Académico. Sólo se publicitó, obviamente, lo que me calificaba como “extremista peligroso” para la Propaganda de Guerra de la Junta Militar de Gobierno.

B) El financiamiento a la OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad), con cheques que habrían sido girados a favor de la OLAS con las firmas conjuntas de Emilio Contardo y Roberto Sapiains, contra las Cuentas Corrientes Fiscales de la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua (CORDVAC). El abogado Emilio Contardo Hogtert ocupaba el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y yo, Roberto Sapiains, era el Director de Administración y Finanzas de esa Corporación. Ambos directivos de la Corporación eramos co-giradores, autorizados legalmente a firmar en forma conjunta los cheques librados contra los Fondos Fiscales depositados en las dos cuentas corrientes de la CORDVAC, una Cuenta Corriente para la Provincia de Valparaíso y otra Cuenta Corriente para la Provincia de Aconcagua, ambas cuentas dependientes de la Cuenta Unica Fiscal. Como ya lo he dicho, las publicaciones de los diarios El Mercurio de Valparaíso y La Estrella de esta misma ciudad, de fecha 12 de septiembre de 1973, (al informar sobre el allanamiento a mi domicilio particular, mi detención y la incautación de dos talonarios de cheques del Banco del Estado de Chile, correspondientes a la Cuenta Unica Fiscal de la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua), sostenían textualmente: “En el talonario se comprobó que había partidas de dinero a favor del propio Roberto Sapiains por elevadas sumas y a favor de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que fuera presidida por Salvador Allende.” Solamente me resta repetir que en la publicación del Libro Blanco, mencionado en el Informe Valech, mi nombre aparece expresa y dolosamente mencionado en el capítulo titulado “Los Escándalos Financieros del Allendismo”.

C) En los presuntos delitos de contrabando y de malversación de los caudales públicos de la CORDVAC que estaban legalmente bajo mi custodia y administración a la fecha del Golpe de Estado. Se referían al dinero en efectivo, que en la cantidad total de 14.500.000 de escudos (según el siguiente desglose: 7.000.000 de escudos, en siete fajos de mil billetes cada fajo, billetes nuevos y seriados, de valor individual de mil escudos cada billete, y 7.500.000 de escudos, en 150 fajos de cien billetes cada fajo, billetes usados y no seriados, de valor individual de quinientos escudos cada billete) yo mantenía legalmente bajo custodia personal. Estos dineros fueron retirados por el Destacamento de Comandos de Infantería de Marina que allanó mi domicilio particular el 11 de septiembre de 1973.

Estos Fondos, incautados por la Fiscalía Naval, NO fueron reintegrados totalmente a la CORDVAC, pese a “mi solicitud expresa al efecto ante el Fiscal Naval de Guerra Hernando Morales”. Al ignorar mi solicitud el Fiscal Naval violó gravemente los artículos 17 y 18 del Convenio de Ginebra, tanto al NO restituirme mi Tarjeta de Identidad Nº 863, como al NO entregarme el “recibo detallado” que yo solicitaba por los Fondos Fiscales de la CORDVAC y por los valores de mi propiedad personal, que ascendían a US $85.000 dólares en billetes, y Certificados de Ahorro Reajustable (CAR), libretas de ahorro de distintas instituciones financieras a mi nombre, y dinero efectivo adicional en fajos de billetes de 500 y 100 escudos, todo por un valor total aproximado de 15.000.000 de escudos. A lo anterior hay que agregar los Objetos de Valor incautados por los Comandos de Infantería de Marina en el allanamiento a mi domicilio particular, por los cuales fui acusado del presunto delito de contrabando, dado que algunos de ellos eran de origen extranjero.

D) En presuntos “actos de rebeldía”, como el Motín de Prisioneros de Guerra de la Cárcel de Valparaíso, en infracción a las disposiciones Reglamentarias que habrían estado vigentes en los distintos recintos a los que fui enviado como Prisionero de Guerra. Esto debido a mis constantes denuncias ante el Comité Internacional de la Cruz Roja de las infracciones graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, lo cual me acarreaba Castigos Disciplinarios, como Hombre de Confianza de ese organismo internacional, después que el Comité se retiraba del recinto.

En este aspecto se procedió a asesinar mi imagen de político público y de persona racional, ya que las publicaciones de prensa de la época me calificaban como un desquiciado mental que sólo buscaba crear problemas. Se me aplicó publicitariamente el descalificativo de “El Loco Sapiains” y se sostuvo que: “sus actos irresponsables en los recintos de detención ponen en peligro la vida de los demás prisioneros de guerra”.

Todas esas injurias y calumnias con publicidad atentaron gravemente contra mi honra y mi dignidad personal, y asesinaron mi imagen pública, causándome tratos humillantes y degradantes que me han significado un gran sufrimiento moral. Esta situación humillante y degradante se ha prolongado no sólo durante los más de cinco años que estuve en prisión de los 17 años de Dictadura, sino que durante todo el llamado “Período de Transición en Chile”, que recién estaría terminando según algunas declaraciones públicas de la clase política. Esto debido a que las versiones que repiten todas esas “falsas acusaciones”, que fueron y son parte de la Historia Oficial de la Dictadura, no han podido aún ser modificadas y pareciera que la propia Concertación NO tiene mayor interés en aclarar esas falsas acusaciones.

A pesar de mi insistencia, tanto en los Gobiernos del Presidente Patricio Aylwin Azócar y del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, como en el presente Gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar, NO me ha sido posible lograr que una “instancia oficial” examine imparcialmente y aclare públicamente la veracidad de los hechos que estoy ahora denunciando ante ustedes.

Si bien debo reconocer que la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura acogió mis antecedentes, con todos los hechos relatados, y me incluyó en la Lista de Personas Calificadas con el Nº 22.845, insólitamente, el propio Jefe de Estado de Chile, Presidente don Ricardo Lagos Escobar, ha declarado que “los antecedentes presentados ante esta Comisión permanecerán secretos por al menos 50 años”.

Debido a lo anteriormente expuesto, vengo en denunciar ante sus Honorables Señorías, la violación grave del artículo 3º, Nº 1), letra c), que prohibe, en cualquier tiempo y lugar, “los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes”, violación que es calificada en el artículo 130, por “causar deliberadamente grandes sufrimientos a un prisionero de guerra”, como Infracción Grave al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra.

3.- EL HECHO DE ATENTAR GRAVEMENTE CONTRA LA INTEGRIDAD FISICA O LA SALUD DE UN PRISIONERO DE GUERRA.

A) Por los castigos físicos disciplinarios aplicados en mi contra por Gendarmería de Chile.

Los Hechos.-

Tanto en la Cárcel Presidio de Valparaíso como en la Penitenciaría de Santiago de Chile, se aplicaron Castigos Físicos Disciplinarios en mi contra, al ser clasificado por los organismos de inteligencia como “Extremista Peligroso bajo Medidas de Seguridad” (EPMS) en estos dos recintos de detención.

El trato en esos recintos penales fue cruel, inhumano, brutal y peligroso, en la forma de: “apaleos sistemáticos a los riñones del prisionero realizados por grupos de gendarmes utilizando sus lumas”; “aislamiento total del prisionero en celda de castigo sin luz natural ni artificial”; “aislamiento total del prisionero en celda de castigo a pan y agua”; “aislamiento total del prisionero en celda de castigo, sin colchoneta, a pan y agua, y con celda baldeada”. Estos castigos disciplinarios se aplicaron en las celdas de aislamiento de “EL SUBMARINO”, de la Cárcel Presidio de Valparaíso, y en las celdas de aislamiento de la “CALLE 12”, en la Penitenciaría de Santiago. Los castigos eran frecuentes por mi clasificación de “EPMS” y duraban de 20 a 30 días, repitiéndose constantemente y atentando gravemente contra mi integridad física y mi salud, según lo comprobó y reconoció en sus informes el Comité Internacional de la Cruz Roja.

B) Por el “tratamiento especial de ablandamiento”, dispuesto en mi contra por el Comando Superior de Infantería de Marina.

Los Hechos.-

Tanto en el Campo de concentración de prisioneros de guerra de Colliguay y en el Campo de Concentración de Puchuncaví, como en el Recinto Naval de Tortura “Cuartel Silva Palma” y en el Hospital Naval Almirante Nef de Valparaíso, se aplicó un conjunto de “medidas de seguridad” en mi contra que los Oficiales Superiores de Infantería de Marina, calificaban como un Tratamiento Especial de Ablandamiento.

El “tratamiento especial de ablandamiento” consistía en: advertencias del Comandante del Campo al resto de los prisioneros sobre mi condición de “activista peligroso”; en asegurarles que yo los estaba engañando respecto a nuestros derechos como prisioneros de guerra y los colocaba en grave peligro porque “aquí no vale ningún Convenio de Ginebra”, como repetían una y otra vez los Jefes de los Campos de Concentración; en obligarme a realizar ejercicios bajo culatazos para humillarme ante el resto de los prisioneros; en aislarme totalmente del resto de los prisioneros en celda de castigo sin luz natural ni artificial; en suspensión de la alimentación normal en esos aislamientos; en suspensión de la alimentación y la restricción gradual del agua cuando se iba a utilizar la aplicación de electricidad en los interrogatorios; en la interrupción del sueño cada media hora en la que se utilizaban los gritos, los golpes de culata, las patadas indiscriminadas y los combos al estómago; en la aplicación médica de pentotal sódico para preparación de interrogatorios; y en el uso de luz intensa en los ojos después de un período de oscuridad.

Todo lo anterior era realizado por personal de Comandos y Buzos Tácticos de la Infantería de Marina, tanto en la ”preparación del prisionero” para enfrentar interrogatorios dirigidos por Oficiales de Inteligencia Naval, como para disuadir al prisionero de reclamar sus derechos ante los organismos internacionales. Después de cada visita del Comité Internacional de la Cruz Roja y de mis denuncias de irregularidades ante ella, los Jefes de los recintos de detención procedían a castigarme disciplinariamente.

C) Por los constantes traslados entre los distintos campos de concentración de prisioneros de guerra y a los recintos militares especiales de interrogario.

Los Hechos.-

Estos “traslados” eran realizados por personal de Comandos de Infantería de Marina, en camiones, y por personal del Comando de Operaciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en buses, y durante todo el tiempo que duraba el viaje el trato era cruel, inhumano y degradante, atentando contra mi integridad corporal y mi salud. El prisionero era atado de pies y manos a la espalda, con una venda sobre los ojos y encapuchado, tirado en el piso de un camión junto a otros prisioneros, muchas veces uno arriba de otro, y los guardias caminaban por sobre los cuerpos, pateando o dando culatazos según les viniera en ganas. No se repartía ni agua ni alimentos durante el traslado que, a veces, se hacía por caminos polvorientos, con frecuentes detenciones en las que no se nos permitía movernos y en viajes que duraban varias horas, durante los cuales uno no podía ni siquiera orinar.

D) Por la decisión del Fiscal Militar, Mayor Fernando Torres Silva, al ordenar que este prisionero de guerra fuera sometido a Castigo Disciplinario en Celda de Aislamiento en la Penitenciaría de Santiago de Chile, cuando me procesó como autor del presunto delito de ser “el Organizador y Cabecilla del Motín de Prisioneros de Guerra en la Cárcel Presidio de Valparaíso”. Esa orden violó el inciso 1º del artículo 97, que dispone: “En ningún caso los prisioneros de guerra serán trasladados a establecimientos penitenciarios (prisiones, penitenciarías, cárceles, etc.) para cumplir allí castigos disciplinarios.”

Los Hechos.-

El trato en este Castigo Disciplinario fue cruel, inhumano, brutal y peligroso, en la forma de: “apaleos sistemáticos a los riñones del prisionero, realizado por grupos de gendarmes utilizando sus lumas”, “aislamiento total del prisionero en celda de castigo sin luz natural ni artificial” y “aislamiento total del prisionero en celda de castigo, sin colchoneta, a pan y agua, y con celda baldeada”. Este Castigo Disciplinario duró 30 días y se cumplió en la Celda 10 de la Calle 12, de la Penitenciaría de Santiago de Chile.

Por los antecedentes expuestos, vengo en denunciar ante sus Honorables Señorías la violación grave del artículo 3º, Nº 1), letra a), que prohibe, en cualquier tiempo y lugar, “los atentados contra la integridad corporal, los tratos crueles y los suplicios”, violación que es calificada en el artículo 130, por “atentar gravemente contra la integridad física y la salud de un prisionero de guerra” como Infracción Grave al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra.

LA LEY:

Cabe preguntarse si el Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra estaba vigente en Chile al 11 de septiembre de 1973 y si debía aplicarse a las circunstancias que vivía el país a partir de esa fecha. También cabe preguntarse si el denunciante y solicitante, Roberto Sapiains Rodríguez, fue una persona protegida por el Convenio, y si tanto sus bienes personales, que fueron incautados en el allanamiento a su domicilio particular, como los Fondos Públicos de los cuales era custodio legal y que también fueron incautados por la Autoridad Militar de Facto, eran bienes protegidos por el Convenio.

La respuesta a esas preguntas nos conduce al análisis de las siguientes disposiciones legales:

- El Decreto Supremo Nº 752 del 5 de diciembre de 1950, del Presidente de la República don Gabriel González Videla, que dispone: “en uso de la facultad que me confiere la Parte 16 del artículo 72 de la Constitución Política del Estado dispongo y mando que los Convenios de Ginebra, firmados por Chile el 12 de agosto de 1949 en Ginebra, aprobados por el Congreso Nacional según consta en el Oficio Nº 460 del 22 de agosto de 1950, y cuya ratificación ha sido depositada por Chile en Berna, Suiza, el 12 de octubre de 1950, se cumplan y lleven a efecto en todas sus partes como Leyes de la República de Chile, publicándose copias autorizadas de sus textos en el Diario Oficial”. Esta necesaria publicación de la Ley Chilena se realizó entre el 17 y el 20 de abril de 1951, en los ejemplares Nºs. 21.929 al 21.932 del Diario Oficial.

- El artículo 3º del Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, que establece: “En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se prohiben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;

b) la toma de rehenes;

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto.

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.

- El artículo 1º del Decreto Ley Nº 5, de 12 de septiembre de 1973, que señala: “Que el Estado de Sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias que vive el país, debe entenderse Estado o Tiempo de Guerra para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo que establece el Código de Justicia Militar y demás leyes penales y, en general, para todos los demás efectos de dicha legislación”.

Las conclusiones del análisis de esas normas legales son las siguientes:

- El Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra estaba vigente en Chile, en virtud del Decreto Supremo Nº 752, de 5 de diciembre de 1950, al menos desde el 21 de abril del año 1951, y era plenamente vigente al 11 de septiembre de 1973. Ya que nunca ha sido denunciado ni por la Junta Militar ni por los Gobiernos de la Concertación, se encuentra en plena vigencia en la actualidad.

- El Convenio de Ginebra debió haberse aplicado a partir de la declaración del Estado de Guerra Interna, contenido en el artículo 1º, del Decreto Ley Nº 5, ya que éste hizo aplicable a la situación que vivía el país las “demás leyes penales”, incluyendo al Convenio de Ginebra que era y es, una Ley Penal en el Ordenamiento Jurídico Chileno.

- Por ser Chile una de las Altas Partes Contratantes del Convenio de Ginebra, está obligado a responder a las exigencias de las normas legales contenidas en este Convenio y, por lo tanto, debe aplicar en la actualidad las normas relativas a las denuncias por Infracciones Graves a sus disposiciones.

Roberto Sapiains Rodríguez, fue identificado públicamente como “Enemigo Interno” por la Autoridad Militar de Facto y fue detenido por un Destacamento de Comandos de Infantería de Marina que realizaba una Operación Ofensiva de Tiempo de Guerra al allanar su domicilio particular.

Pese a estar armado y a ser Dirigente Provincial de la Unidad Popular, cargo asimilable a rango de Oficial Superior Enemigo, NO opuso resistencia armada en obediencia a una Orden Superior de su Comandante en Jefe, el Presidente de la República Dr. Salvador Allende, entregada a través de la Radio en su último Mensaje al país, y quedó fuera de combate por detención.

Por lo tanto, el Prisionero de Guerra Roberto Sapiains fue una persona protegida por el Convenio de Ginebra en virtud de su artículo 3º, Nº 1), y tanto el dinero, nacional y extranjero, como los instrumentos financieros y los Objetos de Valor de su propiedad, así como los Fondos Públicos de la CORDVAC, de los cuales era custodio legal autorizado, eran también bienes protegidos por el Convenio y para su incautación debieron haberse aplicado las normas prescritas por ese mismo Convenio.

Además, los antecedentes del Prisionero de Guerra Roberto Sapiains, fueron acogidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja que “ofreció sus servicios a las Partes en conflicto” y al ser yo el Dirigente de mayor rango de una de esas Partes, acepté ese ofrecimiento cuando este organismo humanitario imparcial se hizo presente en el Centro de Tortura Cuartel Silva Palma de Valparaíso, en el mes de enero de 1974.

En la actualidad, el Ex-Prisionero de Guerra que suscribe tiene pleno derecho a denunciar las Infracciones Graves que se han cometido en su contra.

Es el artículo 130 del Convenio de Ginebra el que define esas Infracciones Graves, señalando taxativamente que:

Respecto a la Solicitud que está presentando el Ex-Prisionero de Guerra ante la Honorable Cámara de Diputados, en orden a formar una Comisión Investigadora de las Infracciones Graves por él denunciadas, es necesario citar el artículo 129 del Convenio de Ginebra que establece:

“Las Altas partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente.

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes.

Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio.

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del presente Convenio.”

El texto de la Ley Internacional es claro y suficiente: Chile, como Alta Parte Contratante del Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, se comprometió a tomar todas las oportunas medidas legislativas para sancionar a los responsables de las Infracciones Graves a este Convenio.

Las medidas legislativas son responsabilidad del Poder Legislativo, como Institución del Estado de Chile, y la Cámara de Diputados es, de acuerdo al artículo 48, Nº 1), de la Constitución Política del Estado, el órgano fiscalizador que tiene ese Poder Legislativo.

Por lo tanto, si las instituciones funcionan en Chile, es deber ineludible de la Cámara de Diputados el formar una Comisión Investigadora de las Infracciones Graves al Convenio de Ginebra de acuerdo a las denuncias que se presenten, como en este caso.

Respecto a la Amnistía y a los argumentos de prescripción de las Infracciones Graves descritas en el artículo 130, el artículo 131 del Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, indica taxativamente:

“Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra Parte Contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo anterior.”

Por lo tanto, el artículo 1º, del Decreto Ley Nº 2.191, de 18 de abril de 1978, que ordena: “Concédese amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación en Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenas.”, es absolutamente nulo por constituir una violación flagrante al artículo 131 de la Ley Internacional, que tiene prioridad de aplicación a ese período de Estado de Sitio, ya que fue definido como “Estado de Guerra Interno” por el Decreto Ley Nº 5, de 12 de septiembre de 1973

Al producirse la debida restauración de las normas del Estado de Derecho en Chile, que de acuerdo a las Conclusiones del Informe Valech fueron violadas masivamente desde el 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1990, período que le correspondió investigar de acuerdo al inciso 1, del artículo 1º, del Decreto Supremo 1.040, debe declararse la total nulidad de esa Amnistía respecto a la Infracciones Graves previstas en el artículo 130.

Mientras NO se tomen todas las oportunas medidas legislativas para cumplir cabalmente con las obligaciones establecidas en la normativa del Convenio de Ginebra, las Instituciones del Estado de Chile, que tienen el deber legal de restaurar plenamente el Estado de Derecho, se encuentran realizando actos contrarios a las disposiciones de dicho Convenio, según lo establece el inciso 3, de su artículo 129.